MAPUCHES: Cuando los límites se pierden de vista
Los conflictos por tierras son cada vez más recurrentes en Río Negro y Neuquén. Informe especial sobre las pujas entre indígenas y dueños de campos y el rol de los gobiernos en cada provincia.
El último censo oficial realizado en el país reveló que el 18,8 por ciento de los indígenas que habitan suelo argentino son mapuches.
Se trataba entonces (años 2004/2005) de 113.680 aborígenes o descendientes directos, que en su gran mayoría (99.061) vivían en la Patagonia, mientras que el resto se distribuía en Capital Federal y 24 partidos de la Provincia de Buenos Aires (9.745) y el resto del país (4.874).
Entre los 78.534 censados en la Patagonia, apenas el 11,8% residía en una comunidad indígena. Es decir, 9.267 mapuches despertando cada mañana en un campo del extremo sur del continente.
Las cifras hablan y dejan a su paso una pregunta concreta: si apenas uno de cada diez mapuches vive en comunidad ¿por qué razón la lucha por tierras recorre el sentido inverso y acumuló tensión sin pausa durante los últimos meses, principalmente en Río Negro y Neuquén?
El escenario es complejo, por la multiplicidad de voces e intereses. También por el cruce de reproches entre los propios actores del Estado, con funcionarios de poderes ejecutivos convencidos de que la justicia debe resolver los conflictos y jueces que descansan en la presunta habilidad de ministros y secretarios para evitar desmanes a través del diálogo.
En el medio, banderas mapuches confeccionadas con distintos tonos de legitimidad y dueños de tierras con idéntica amplitud en su nivel de tolerancia. Algunos aceptan hablar, pero otros exigen «desalojo ya».
«Río Negro» indagó entre loncos, estancieros, funcionarios, abogados y referentes de la Iglesia, para conocer argumentos y posiciones ante uno de los temas que más polémica genera a la hora de analizar la historia patagónica.
El resultado está desplegado a lo largo de cuatro páginas, con verdades y mitos, protagonistas y ausentes, palabras y números.
Todo en el marco de un debate en el que leyes vigentes se cruzan con cuestiones culturales, derechos ancestrales legítimos y reclamos surgidos netamente de intereses económicos.
Un cóctel demasiado espeso para pensar en soluciones a corto plazo, pero inevitable de afrontar si el objetivo es conseguir el desarrollo de la región en armonía.
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