MAPUCHES: Cuando los límites se pierden de vista

Los conflictos por tierras son cada vez más recurrentes en Río Negro y Neuquén. Informe especial sobre las pujas entre indígenas y dueños de campos y el rol de los gobiernos en cada provincia.

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El último censo oficial realizado en el país reveló que el 18,8 por ciento de los indígenas que habitan suelo argentino son mapuches.

Se trataba entonces (años 2004/2005) de 113.680 aborígenes o descendientes directos, que en su gran mayoría (99.061) vivían en la Patagonia, mientras que el resto se distribuía en Capital Federal y 24 partidos de la Provincia de Buenos Aires (9.745) y el resto del país (4.874).

Entre los 78.534 censados en la Patagonia, apenas el 11,8% residía en una comunidad indígena. Es decir, 9.267 mapuches despertando cada mañana en un campo del extremo sur del continente.

Las cifras hablan y dejan a su paso una pregunta concreta: si apenas uno de cada diez mapuches vive en comunidad ¿por qué razón la lucha por tierras recorre el sentido inverso y acumuló tensión sin pausa durante los últimos meses, principalmente en Río Negro y Neuquén?

El escenario es complejo, por la multiplicidad de voces e intereses. También por el cruce de reproches entre los propios actores del Estado, con funcionarios de poderes ejecutivos convencidos de que la justicia debe resolver los conflictos y jueces que descansan en la presunta habilidad de ministros y secretarios para evitar desmanes a través del diálogo.

En el medio, banderas mapuches confeccionadas con distintos tonos de legitimidad y dueños de tierras con idéntica amplitud en su nivel de tolerancia. Algunos aceptan hablar, pero otros exigen "desalojo ya".

"Río Negro" indagó entre loncos, estancieros, funcionarios, abogados y referentes de la Iglesia, para conocer argumentos y posiciones ante uno de los temas que más polémica genera a la hora de analizar la historia patagónica.

El resultado está desplegado a lo largo de cuatro páginas, con verdades y mitos, protagonistas y ausentes, palabras y números.

Todo en el marco de un debate en el que leyes vigentes se cruzan con cuestiones culturales, derechos ancestrales legítimos y reclamos surgidos netamente de intereses económicos.

Un cóctel demasiado espeso para pensar en soluciones a corto plazo, pero inevitable de afrontar si el objetivo es conseguir el desarrollo de la región en armonía.


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