Mapuches: reclamos claros que dan pie a negocios oscuros

IDENTIDAD, MITO Y CONFLICTO

Los reclamos de algunas comunidades mapuches por la contaminación producida por derrames en la explotación petrolífera han dado lugar a un juego de imputaciones recíprocas, donde YPF los acusa de intentar extorsionar a la empresa e impedir las tareas de remediación.

Gabriel Cherqui, vocero de la familia homónima, viene denunciando desde hace tiempo la contaminación del terreno y de los lagos que abastecen de agua a Neuquén. Pero al mismo tiempo, como propietario de la empresa La Lata SRL, consigue jugosos contratos con YPF que le deparan ingresos millonarios.

Las denuncias medioambientales se tramitan en una causa en el Juzgado Federal a cargo de Carolina Pandolfi. Según algunas pericias presentadas en el expediente, existirían pruebas de contaminación con metales pesados en tierra y agua, que datan de la época donde los controles medioambientales no existían. La comunidad Kaxipayiñ, liderada por los Cherqui, se encarga de difundir abundante información no contrastada sobre la presencia de metales pesados en la sangre de los pobladores locales, abortos espontáneos y casos de cáncer, diabetes y cegueras.

Según algunas publicaciones de activistas ecológicos, en esta zona “el agua, fósforo mediante, enciende como nafta”. Se trata, indudablemente, de exageraciones, pero estos relatos permiten luego a algunas familias mapuches iniciar reclamos con la pretensión de obtener indemnizaciones.

Según fuentes de la empresa YPF, a través del mecanismo de “consulta previa, informada y libre” previsto en la Declaración de Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas, consiguen información sobre las obras que se van a ejecutar dentro del yacimiento y los datos de las empresas contratistas. Con esa información, amenazan con no dejarlas entrar si no consiguen a cambio algunos beneficios.

Las comunidades Kaxipayñ y Painemil vienen recibiendo lo que se ha dado en denominar el “canon mapuche”, un pago mensual de alrededor de 30.000 dólares a cada comunidad, y una especie de alquiler por el paso de cañerías por sus campos.

Otro conflicto se planteó con la empresa Femun que orienta a los Kaxipayiñ en temas medioambientales. YPF denunció que la empresa demandaba un inusual incremento de sus tarifas mensuales.

La utilización de metodologías extorsivas, mediante el encadenamiento a torres de perforación, o el bloqueo en el acceso a los yacimientos, les ha permitido a algunas familias que se reivindican mapuches obtener envidiables beneficios económicos. No es, presumiblemente, lo más adecuado para resolver los problemas medioambientales.

Los pagos de las empresas deberían plantearse a través de canales institucionales para alcanzar su objetivo de remediación de las tierras contaminadas, evitando que se conviertan en un negocio para aprovechados.