Marcha atrás y nuevo control para empresas públicas

Evangelina Martínez

El gobernador Alberto Weretilneck conformará una unidad estatal para el control y la supervisión de las empresas públicas. Esta función recaerá en el economista viedmense Roberto Meschini. La decisión rectifica una posición inicial del gobierno del Frente para la Victoria y constituye la muestra más evidente de que la administración no pudo iniciar todavía con la reformulación y la contención de los gastos en esas estructuras dispersas, con más de 2.000 empleados y presupuestos superiores a los $ 1.500 millones. Los números ratifican esta imposibilidad: esas sociedades recibieron casi 34 millones en el primer cuatrimestre del 2012. Este monto significa un tercio más que los envíos del año pasado. Ayer, el mandatario decidió la designación de Meschini para encabezar esa misión de reestructuración de las empresas públicas. El designado es el actual secretario del bloque de legisladores del FpV y se suma así al equipo gubernamental en una función técnica con la que siempre estuvo relacionado: la revisión y seguimiento de los números provinciales. La unidad no está definida pero sería una secretaría de Estado. Al asumir su primer gobierno, Miguel Saiz conformó la secretaría de Empresas Públicas, que inicialmente condujo Alberto Croceri y luego Gabriel Savini. El resultado no fue relevante y así paso desapercibida su disolución cuando llegó el gobierno del FpV. A mediados de enero, Weretilneck convocó a las conducciones de las empresas para establecer lineamientos de austeridad. Por entonces Economía consignaba que se habían transferidos a esas áreas más de 121 millones en el 2011. El último reporte consigna casi 271 millones, incluyendo aportes para obras o capital. En concreto, las transferencias corrientes o por servicios superan los 200 millones. Ante esas autoridades, el mandatario requirió “un proceso de reestructuración porque las empresas deberán autofinanciarse, con la reducción de costos y el mejoramiento de los ingresos”. En el primer cuatrimestre de gestión las remesas a esas organizaciones para “gastos corrientes” –en especial salarios– rondaron los 34 millones frente a los 25,5 millones de igual periodo del año pasado. Significan 8,5 millones más, es decir un 33% superior. Seguramente esos números explican la revisión de parte de Weretilneck de la política fijada inicialmente, consistente en su autonomía empresarial y, en todo caso, su dependencia con ministerios afines en objetivos. Por caso, ARSA, ARSE y DPA en Obras Públicas; Tren Patagónico, EPRE y Horizonte a Economía; Emforsa e Edhipsa en Producción. También figuran Transcomahue, Altec, Invap, Río Negro Fiduciaria y Canal 10. Hay dos reformas en marcha: Viarse –con ley aprobada– en proceso de transformación en Vialidad provincial y Casa Rionegrina para su incorporación a la órbita del IPPV. Weretilneck recordó su posición original. “La derivación de cada empresa a los ministerios relacionados fue una idea mía que aceptó Carlos (Soria) ya que entendía la necesidad de una interrelación estatal”, afirmó. Ahora aludió a la concentración y la supervisión para concretar las reformas buscadas porque, por ahora, no fue posible. “Será una estructura pequeña, sólo de tres o cuatro profesionales, contadores y abogados”, explicó. (AV)