María Julia aceptó declarar mañana ante Urso

La ex secretaria de Estado María Julia Alsogaray "aceptará declarar" el próximo jueves, cuando el juez federal Jorge Urso la indagará bajo cargos de fraude al Estado durante su gestión como interventora de la ex telefónica estatal Entel. Durante horas, Alsogaray revisó los lineamientos de su defensa, que estará a cargo de la defensora oficial Perla Martínez de Buck.





La ex secretaria de Estado María Julia Alsogaray «aceptará declarar» mañana jueves, cuando será indagada por el juez federal Jorge Urso bajo cargos de fraude al Estado durante su gestión como interventora de la ex telefónica estatal Entel, dijeron fuentes judiciales.

Durante cinco horas, María Julia revisó ayer los lineamientos de la estrategia que pondrá en marcha el jueves en la audiencia, en la que será asistida por la defensora oficial Perla Martínez de Buck, ya que la ex funcionaria revocó meses atrás la representación que había confiado al estudio jurídico de Oscar Rabinovich y Roberto Eliosoff.

Ayer la ingeniera Alsogaray visitó a Martínez de Buck en la Defensoría, en el quinto piso de los concurridos tribunales federales de avenida Comodoro Py 2002 de esta capital. Y pasó largas horas «punteando» el expediente con su abogada oficial.

Desde allí se informó que María Julia «aceptará declarar», es decir que no haría uso de su derecho constitucional a mantener silencio frente al juez.

Antes de reunirse con Martínez de Buck, la ex interventora de Entel y ex secretaria de Recursos Naturales del gobierno del ahora detenido ex presidente Carlos Menem concurrió, a las 10, a la sede de los tribunales del fuero Penal Económico.

Según las fuentes, María Julia entregó personalmente un escrito en la mesa de entradas del tribunal a cargo del juez Bernardo Vidal Durand, quien subroga a su suspendido colega Guillermo Tiscornia en una causa que afronta Alsogaray por presunta evasión tributaria, y en la cual obtuvo falta de mérito.

Como es habitual en las últimas semanas, decenas de periodistas se encontraban ayer frente a los tribunales federales a la espera de novedades sobre el incesante avance de la causa por el tráfico de armas a Ecuador y Croacia, que instruye el propio Urso y que mantiene al ex presidente Menem bajo arresto domiciliario.

Pero María Julia logró evitar el asedio de la prensa debido a que consiguió autorización para acceder y retirarse de los tribunales en un automóvil con vidrios polarizados al que le permitió llegar hasta el estacionamiento judicial.

El fiscal federal Carlos Cearras pidió la indagatoria de Alsogaray el 26 de febrero de 1998, pero Urso hizo lugar a la medida recién en marzo pasado.

Pese a que el expediente lleva cinco años en trámite, María Julia será indagada por primera vez el jueves próximo.

Hace dos meses el fiscal Cearras amplió la acusación y dijo que, a su entender, existirían pruebas suficientes para imputar a la ingeniera como presunta jefa de una asociación ilícita que habría defraudado al Estado a través de pagos sin causa efectuados a empresas privadas. De acuerdo con la valoración que Cearras ha realizado de las pruebas reunidas, María Julia habría cometido el mismo delito que provocó la detención de Menem, el jueves último.

Una de las pruebas que sustenta las sospechas de la fiscalía es el estudio contable elaborado por el decano del Cuerpo de Peritos Contadores de la Justicia Nacional, Alfredo Peralta, y sus principales colaboradores. Los peritos analizaron una serie de pagos «sin causa» que ENTEL efectuó en 1991 a su entonces proveedora. Además, Peralta compareció como testigo ante el fiscal y amplió las conclusiones de la pericia contable, que confirmó que la ex ENTEL habría pagado 19 millones de dólares a la compañía privada por deudas contraídas por apenas el 10 % de esa cifra. Las maniobras fueron detectadas en 1992. (DyN)

Ex funcionarios la acusan

Dos ex directivos de Entel, la antigua telefónica estatal, aseguraron ayer que María Julia Alsogaray «autorizó, sin certificación de la Sigen», presuntos sobrepagos a proveedores de la desaparecida compañía por unos 400 millones de pesos cuando era interventora de ese organismo.

Carlos Gómez, ex gerente contable de Entel al momento de su privatización, y Enrique Ipiña, ex jefe de la Unidad de Cierre de la telefónica residual, ratificaron públicamente su convicción de que la ex funcionaria tuvo que ver con «maniobras irregulares» que se dieron durante la liquidación de esa empresa estatal.

El ex gerente contable manifestó no tener dudas de que María Julia fue «jefa de una asociación ilícita» que integraron, a su criterio, «el que paga, o sea ella, el síndico, quien recibe, y todo el entorno de esta operación».

«Sin dudas, fue la jefa de una asociación ilícita», expuso el denunciante para inmediatamente recordar que la ex funcionaria decía «tener orden directa deCarlos Menem para pagarle a los proveedores» sin certificación de la Sindicatura General de la Nación (Sigen).

(Infosic)

Comisión busca conexiones entre casos de corrupción y lavado

Diputados y asesores de la comisión investigadora intercambiaron ayer información sobre una decena de las causas judiciales más resonantes de la gestión menemista, que podrían tener «puntos de contacto» con los casos de lavado de dinero que el cuerpo especial tiene bajo estudio.

Las deliberaciones seguirán hoy, a partir de las 10, cuando la comisión a pleno avance en el entrecruzamiento de esos datos, entre los cuales se destacan el seguimiento de la ruta de las coimas del caso del contrabando ilegal de armas detectado en función de las cuentas bancarias «Delbote» y «Daforel», entre otras.

La diputada frepasista Graciela Ocaña informó que «se están buscando datos en las causas judiciales que puedan tener relación con los fondos que manejaban los 3 bancos», cuyos extractos bancarios más sospechosos que se encuentran en las cajas remitidas desde Estados Unidos. Se trata de las cuentas de las entidades República, Federal Bank y American Exchange, todas vinculadas o atribuidas a Raúl Monetta. En la mayoría de las operatorias analizadas hasta el momento «parece ser una mecánica habitual la utilización de los bancos «off shore» uruguayos para manejar dinero en negro», comentó.

En tanto que subrayó que «el caso de (la cuenta) Daforel es llamativo, porque por allí pasaron las coimas de los principales hechos de corrupción».

En ese marco, Ocaña abogó porque se concrete «lo antes posible la decisión del gobierno uruguayo de concretar la apertura de las cuentas nominadas como Daforel». Ese pedido fue formulado por el juez Urso a las autoridades y la Justicia uruguayas.

Más allá del caso de las armas, los diputados buscarán establecer si existen «puntos de contacto» entre los casos de corrupción contenidos en las causas del oro y los fraudulentos contratos de la empresa IBM con el Banco Nación y la DGI y las presuntas operaciones de lavado de dinero que tiene bajo la mira. (Infosic)

Clausuran el M. A. Bank

Legisladores norteamericanos elogiaron ayer al gobierno de las Islas Caimán en el Caribe por la clausura de un banco de capital argentino acusado de servir para actividades de lavado de dinero y evasión fiscal. «Este es un indicio de que autoridades alrededor del mundo están adoptando una actitud más enérgica hacia este tipo de entidades financieras que sirven de mampara», afirmó el presidente del Comité de Investigaciones del Senado norteamericano, Carl Levin.

Durante meses el M.A. Bank, propiedad del grupo argentino Mercado Abierto, al que pertenecen varios ex funcionarios del anterior gobierno de Argentina, ha sido objeto de investigaciones congresionales en Estados Unidos.

Aunque el M.A.Bank no tenía ninguna presencia en Islas Caimán, sí operaba a través de una cuenta en el Citibank de New York. (ANSA)

La DEA en Tucumán

La delegación de la DEA que la semana pasada visitó Tucumán se dedicó especialmente a estudiar los movimientos bancarios realizados en los últimos meses a través de entidades financieras locales, en un intento por detecta la presunta «pista del dinero del narcotráfico».

Así revelaron funcionarios del gobierno tucumano que colaboraron con los sabuesos enviados por la DEA y cuya investigación se vincula con la ola de atentados cometidos aquí en el último semestre. Para la DEA y el gobierno tucumano el narcotráfico estaría detrás de esa sucesión de atentados con explosivos que conmocionaron a la provincia. (DyN)


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