Más allá de las simpatías políticas, ¿cumplió con su deber?

ANÁLISIS

Tras el entierro de la denuncia de Alberto Nisman, está demás preguntarse si el fiscal Javier De Luca, su ejecutor, simpatiza o no con el kirchnerismo.

Es sabido que en el círculo K la cuestión no preocupa tanto, ya que los militantes consideran que pertenecer es un mérito, aunque ese supuesto orgullo generalmente supera el decoro, pero finalmente la cuestión entra en el terreno subjetivo del corazoncito político que seguramente todos tienen: fiscales, jueces y periodistas.

Lo que verdaderamente hay que saber en el caso del fiscal De Luca es si con este golpe al corazón de la investigación de Nisman, él ha cumplido a conciencia con el deber que le impone el Estado de defender y de representar la legalidad y el interés público. Al desestimar la denuncia, el fiscal tiró para atrás, además, dos dictámenes de colegas de tribunales inferiores, quienes propiciaban seguir adelante, mientras que en sus fundamentos siguió bastante la línea del juez Daniel Rafecas, el primero en declarar la inexistencia de delito.

Sin embargo, y aún considerando que la potestad de manejo de las relaciones exteriores es constitucionalmente resorte del Ejecutivo, habrá que preguntarse por qué De Luca, dejando afuera a la presidenta y al canciller, no eligió adentrarse en caminos periféricos que hubiesen servido quizás para tirar algo más de la cuerda en la voladura de la AMIA. Y preguntarse si con la decisión de no continuar con la apelación, no le estará dando la oportunidad a quienes el colega muerto sindicó como partícipes de una confabulación destinada a encubrir un acto delictivo. (Hugo Grimaldi, DyN))