Más complicaciones para Del Mazo

CINCO SALTOS (ACS).- Parte de las resoluciones firmadas por el presidente del Concejo Municipal, Ignacio del Mazo, terminarían en la Justicia para que se investigue si se cometieron delitos contra la administración pública. Así se desprende del informe de la comisión especial que analizó las polémicas resoluciones.

Pero el dictamen de la sesión especial no fue leído ayer en la sesión ordinaria del Concejo en medio de escaramuzas cruzadas entre el oficialismo y la oposición que culminaron al cabo de dos horas con la anulación de la convocatoria existente y un nuevo llamado a sesión para mañana.

Pese a que desde hace más de diez días se espera el resultado del informe de los concejales que analizaron las 288 resoluciones firmadas por Del Mazo sin dar cuenta al resto de los ediles en el inicio de su gestión, ayer la sesión se trabó desde el inicio y no avanzó a excepción de la aprobación de las actas de sesiones anteriores.

La comisión se constituyó a fines de mayo para analizar las presuntas irregularidades en 288 resoluciones firmadas por Del Mazo desde el 10 de diciembre hasta el 21 de mayo de este año que rubricó sin la intervención del cuerpo.

En el dictamen se rescató que del total, 67 no se ajustan a la reglamentación vigente: se nombra personal, se entregan créditos, o se destinaron subsidios sin tener en cuenta las ordenanzas y reglamentaciones vigentes.

Se detalla que se otorgaron fondos que superaban lo fijado en las ordenanzas y por fuera de los requisitos municipales.

Se contrató personal soslayando el régimen de contratación vigente, sin tener en cuenta los plazos estipulados y condiciones que marcan las ordenanzas que regulan la incorporación de personal.

Los ediles interpretaron que Del Mazo no estaba facultado para emitir resoluciones porque es el CD el que las dicta, y que no se le habían delegado decisiones.

Se recomienda «subsanar» una gran parte de las normas firmadas por Del Mazo con una ratificación las resoluciones administrativas relacionadas con altas y bajas comerciales.

Pero a otras consideradas «irregulares» se las «observó» y se exige un dictamen técnico del Tribunal de Cuentas. Luego de este paso se plantea «presentar toda la documentación ante la Justicia Penal para que se expida sobre si los actos denunciados constituyen delitos contra la administración pública municipal».