Más poder para el consumidor

Tarifazo: debaten en Neuquén iniciativas para defender a consumidores

Los tarifazos en los servicios públicos provocaron indignación, pero también organización entre los usuarios. Se presentaron demandas en todo el país, e incluso el flamante ministro de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, anunció que muy pronto habrá una definición del máximo tribunal sobre el tema. En este contexto, la Legislatura neuquina comenzó a discutir iniciativas para modificar la ley 2268 que adhiere a la ley nacional 24.240 de Defensa del Consumidor.

Una de las más recientes es la del bloque de Libres del Sur que plantea la inclusión de acciones colectivas. El procedimiento vigente prevé que está legitimado para iniciar el reclamo el consumidor por un interés particular. Incorporar esta figura permitiría a las asociaciones de consumidores, usuarios y al Defensor del Pueblo, poder gestionar reclamos en sede administrativa.

“La posibilidad de que una misma resolución tenga efectos expansivos respecto del universo de damnificados por el mismo hecho, evitaría que se tenga que discutir el mismo asunto cada vez que un damnificado decida hacerlo. Ahorraría muchos recursos estatales y sería un fuerte elemento disuasivo para la empresa proveedora de bienes o servicios”, se explica en los fundamentos del proyecto.

La iniciativa también establece un cambio en los acreedores de las multas.

Actualmente, si la autoridad de aplicación impone una multa, y se cobra, lo percibido ingresa a las arcas estatales. El proyecto establece que el 40% sea para los damnificados o la asociación de consumidores que hayan iniciado el reclamo, y el 60% sea administrado por la Dirección de Comercio Interior.

El diputado Gabriel Romero (FR), con adhesión de los bloques FPN-UNE, NCN, Libres del Sur, y la UCR, presentó otro proyecto que busca jerarquizar la dirección de Defensa del Consumidor y llevarla al rango de subsecretaría en el ámbito del ministerio de Ciudadanía.

Una de las propuestas que introduce es la implementación de un sistema de conciliación a través de Internet para conflictos en relaciones de consumo. El reclamo será enviado a la autoridad de aplicación, quien comprobará si el comerciante o la empresa están adheridos al sistema y pondrá en marcha el procedimiento.

Ambas iniciativas están en estos momentos en la comisión de Producción, Industria y Comercio.

“Muchas empresas prefieren pagar

los costos de reclamos aislados que resolver el problema de fondo”,

planteó el diputado Jesús Escobar, del bloque Libres del Sur.

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