Masacre de Avellaneda: no declararán los políticos

El ex presidente Eduardo Duhalde, el entonces secretario de Seguridad Juan José Alvarez y el gobernador bonaerense Felipe Solá, no declararán en el juicio que investiga los hechos ocurridos durante la llamada Masacre de Avellaneda, dispuso ayer el Tribunal Oral 7 de Lomas de Zamora.

Tampoco atestiguarán el entonces canciller Ruckauf, el ex ministro del Interior Jorge Matzkin, ni el actual diputado Alfredo Atanasof, quien en la fecha que sucedieron los incidentes que terminaron en la muerte de los piqueteros Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, se desempeñaba como Jefe de Gabinete.

Según resolvió esta mañana el Tribunal lomense compuesto por los magistrados Elisa López Moyano, Roberto Lugones y Jorge Roldán, los políticos no podrán presentarse como testigos debido a que se encuentran imputados en otra causa por el mismo hecho.

En este sentido, se basaron en el artículo 18 de la Constitución Nacional, por el cual «nadie puede declarar en su contra», lo que implica que el testimonio de los ex funcionarios realizado «bajo juramento de verdad negaría el derecho a la defensa en juicio y al debido proceso».

La anulación de las declaraciones fue solicitada el 5 de julio por el fiscal de la causa, Bernardo Schell, quien argumentó sus pedidos en que «muchos (de los testigos con funciones políticas citados por la querella) se encuentran imputados por instigación a cometer delitos en otra causa por los mismos hechos».

Duhalde, Ruckauf y Alvarez se encuentran sindicados por «instigación a cometer delitos» y «homicidio simple», en la causa 14.215 del juzgado en lo Criminal y Correccional Federal 4.

Con el mismo cargo se encuentra investigado Felipe Solá. Por su parte, los magistrados aclararon esta mañana que el juez federal que trató la causa de Atanasof y Matzkin por «instigación a cometer delitos», desestimó la denuncia, aunque advirtieron que esa medida «no puede compararse a una absolución». Según explicaron, los ex funcionarios del gobierno de Duhalde «no pueden dar explicaciones como testigos por la posibilidad que existe de autoincriminarse», hecho que podría generar «una reapertura del proceso».


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