Mayor transparencia implica mayor calidad

Se viven tiempos muy ricos en cuanto a cuestiones relacionadas con la importancia o no de las instituciones y la calidad institucional de la democracia y la república en el país. La actividad que genera en Río Negro un 20% o más de su Producto Bruto Geográfico atraviesa una situación difícil; esto no es nuevo, pues ya hemos tenido en el pasado, sobre todo durante las temporadas previas al 2003, tiempos conflictivos, malas cosechas, bajos precios con tipo de cambio retrasado, disputas por la distribución del ingreso frutícola y cuestiones relacionadas con los costos o con la ausencia de líneas de crédito para atender tanto asuntos coyunturales como estructurales. Pero existe un dato no menor y que no posee tanta antigüedad como las cuestiones intrínsecas de la actividad locomotora de la economía rionegrina. Desde la sanción provincial de la ley 3611 del 2002 de Transparencia del Negocio Frutícola, complementada luego por las subsiguientes 3993 del 2005, de Contractualización Frutícola, y 4186 del 2007, que regula el proceso de clasificación, aparece un concepto novedoso que se suma a las muchas variables que sustentan la producción frutícola: la transparencia. Con dichas normas se buscó, básicamente, que la relación entre los productores primarios y aquellos empacadores y/o comercializadores a los que los primeros vendieran su producto fuese regulada y protegida y, además, existiera un precio mínimo o de referencia que cubriera los costos de producción, por lo menos, a fin de que se le diera sostenibilidad económica y social al contrato. Por supuesto que, en cada caso, para quienes adhirieran existirían premios traducidos en beneficios impositivos. Esas normas, en el comienzo de su aplicación, fueron muy cuestionadas por los integrantes más integrados y concentrados del negocio con el argumento neoclásico típico de la interferencia del Estado en la economía. Luego hubo, si se quiere, una suerte de indiferencia de las mismas. El que las quería cumplir las cumplía y el que no lo justificaba de alguna manera. Ni siquiera los beneficios impositivos modificaban su visión del tema. El costo de referencia calculado por la universidad, el INTA y demás instituciones técnicas era sostenido con vehemencia por los productores y denostado por los empacadores y exportadores. Mientras, desde la provincia se instaba a que se firmaran contratos para poner negro sobre blanco quién era quién en el negocio. A posteriori, todos los integrantes de la fruticultura regional, con la provincia como ariete, se encontraron en una mesa común y parieron el Plan Frutícola Integral, verdadero trabajo de participación y debate con todos los actores que concluyó en el que, hasta la fecha, es el plan de trabajo de mediano y largo plazo más ambicioso en la historia de la fruticultura y en cuyo marco si cada uno hacía su parte (Estado, productor, empacador, exportador, juguero, etcétera) la que ganaba era la fruticultura. Este plan, por lo menos en lo formal, existe y no es poco lo que la provincia de Río Negro luchó para que se concretara pese a que hoy, después de su parálisis por cuestiones políticas menores y de clientelismo puro, haya dirigentes que sostengan que “Río Negro no posee un plan para la fruticultura”. No es justa tal afirmación. Hoy existe algún retraso del tipo de cambio respecto del dólar e inflación de costos, pero no malos precios, el euro que crece y los mercados que se sostienen. En la cosecha pasada hubo menos fruta pero no al punto que algunos empresarios hoy quieren hacernos creer. Se exportó un 12% menos que en el año anterior pero los ingresos cayeron cuatro veces menos que dicha cifra. Sin embargo, se corta la cadena de pago a los productores, se reclama una nueva baja de retenciones (cuando de la anterior la producción primaria no vio un centavo) y se describen apocalipsis económicos que nunca son tales para quienes los profetizan. No se entiende que, con problemas o sin ellos, todos los integrantes del negocio deben tener armonía y equilibrio para que el producto final satisfaga a todos. Y en esto, el único elemento que sigue siendo nuevo y forma parte de una mayor calidad institucional es la transparencia. Las instituciones sólidas son indispensables a la hora de construir un modelo de desarrollo sustentable y con inclusión. Por eso insistimos en que a mayor eficacia, calidad, agilidad y transparencia de las instituciones de un país, una provincia o un municipio, mayores son las posibilidades de que exista desarrollo sustentable y con inclusión social. Ya es hora de terminar con los eternos subsidios directos que son pan para hoy y hambre para mañana porque, si se subsidian precios, a los que se ayuda es a los que ganan siempre. La transformación económica y social del sector sólo puede sobrevenir de la mano del Plan Frutícola Integral y de la mayor transparencia del negocio. Tanto es así que en la última reunión de la Mesa Nacional de la Pera y la Manzana se afirmó que la solución de fondo al problema es la sanción de una ley nacional de transparencia comercial y seguridad jurídica. La Nación asume por primera vez dicha necesidad, para establecer un mejoramiento del precio que recibe el productor primario, el eslabón más débil del negocio. Que nunca nadie más distorsione su realidad y lo estafe. En fin, la participación del Estado en la economía –desde un rol activo y que hace a una democracia capitalista moderna, garantizando marcos jurídicos y regulando más que subsidiando– es esencial para una economía regional principal como la nuestra, un Estado que contribuya a crear ciudadanía plena de derechos para los más desfavorecidos. ¿Y qué nombre le ponemos a todo lo anterior? Transparencia y calidad institucional. Nada más y nada menos. Estoy convencido de que ése es el camino. (*) Vicegobernador de Río Negro

BAUTISTA MENDIOROZ (*)