Media sanción al plan de infraestructura

La Cámara de Diputados terminó ayer de aprobar el Plan Federal de Infraestructura, que el gobierno intentará usar como herramienta para reactivar obras públicas por 20.500 millones de pesos en cinco años.

El texto aprobado, que debe ahora ser girado al Senado para su revisión, fijó como límite para las licitaciones nacionales las obras con un costo de construcción inferior a los 45 millones de pesos, pero si supera tal suma la convocatoria deberá ser tanto nacional como internacional.

A su vez, la media sanción prevé la participación de las pequeñas y medianas empresas al menos en un 20% del costo de la obra.

Prácticamente la totalidad de las modificaciones fueron aprobadas por la Alianza con mayoría simple y, por lo tanto, quedó margen para que el Justicialismo en el Senado pueda incorporar nuevos cambios.

El bloque de diputados del PJ debió dejar a sus legisladores que votaran con libertad de conciencia ante la imposibilidad de unificar una postura común.

De hecho, un grupo de diputados justicialistas como Arturo Lafalla o Hugo Toledo expresaron posturas cercanas al dictamen de la mayoría, mientras el resto prefirió votar en contra.

Entre el oficialismo y la oposición hubo coincidencia absoluta para eliminar el artículo que creaba una comisión bicameral de seguimiento de la aplicación de la ley, ya que estimaron que carecería de efectividad.

Una larga discusión precedió la votación del artículo 20, según el cual las empresas sin radicación en el país que quieran participar de las licitaciones deberán tener un 51% de participación societaria de firmas locales.

«Nunca vamos a saber cuánto nos costo la decisión de proteger a las industrias nacionales», se quejó Lafalla.

El debate finalmente se resolvió con la incorporación de una propuesta de la diputada aliancista Beatriz Nofal, que fija precios testigos para las obras públicas, los cuales serán determinados por las universidades nacionales. La intención fue evitar ofertas insolventes.

El PJ intentó aumentar la partición de las pymes a un 30 % del valor, pero finalmente se impuso la propuesta oficial que la limita a un 20 %.

A media tarde, la discusión se empantanó en el artículo 15 por un párrafo que intenta impedir negociaciones posteriores a la licitación de los plazos y el valor de las obras.

La oposición sostenía que el texto trababa la posibilidad de cuestionar las obras. El PJ aceptó votar el artículo cuando se agregó que, además de poder ser cuestionado por «dolo», podían también presentarse reclamos por «culpa».

El último tramo del debate giró en torno a un pedido del justicialista López Arias, para que puedan exceptuarse a las obras de la ley de «inversión pública» y de sus estudios de factibilidad que muchos de los emprendimientos provinciales se verían imposibilitados de superar. El oficialismo acercó las posturas al dejar al Ejecutivo la posibilidad de exceptuar a las obras.

Los diputados aliancistas Jesús Rodríguez, Raúl Baglini y Beatriz Nofal, que defendían el texto original, se abstuvieron de votar esta última modificación. (DyN)