Medidas para defender el abastecimiento y resolver conflictos

El gobierno avanzó en la aplicación de un nuevo paquete de leyes de defensa de consumidores y usuarios, tras reglamentar la de Abastecimiento y del Sistema de Resolución de Conflictos con las empresas, tan resistidas por entidades sectoriales que reclamarían su inconstitucionalidad hasta en la Corte Suprema de Justicia. Estas medidas se sumaron a la anterior de creación del Observatorio de Precios.

“La idea es que consumidores, usuarios y pequeños productores dispongan de un canal en el Estado y puedan tener respuestas efectivas ante eventuales abusos de las empresas”, afirmó Axel Kicillof, ministro de Economía y Finanzas Públicas. Además, presentó el Sistema de Monitoreo Nacional de Abastecimiento –Simona–, que supone un esquema de alerta para las empresas productoras para evitar faltantes. Consumidores y usuarios también pueden informar acerca de faltantes.

A la ley de Regulación de las Relaciones de Consumo y Producción, conocida el año pasado y que reemplazó a la de Abastecimiento, hubo empresarios que se opusieron, por no estar convencidos de que contemplara “prerrogativas que, en esencia, el Estado ya tenía”. El gobierno tampoco rebajaría derechos, aranceles y/o gravámenes a las importaciones ni ofrecería exenciones impositivas o restringiría exportaciones. Asimismo “las multas máximas se elevan de uno a diez millones de pesos” e incorporan “las pérdidas de concesiones, privilegios y regímenes tributarios”. La Secretaría de Comercio de Nación es la autoridad de aplicación de la norma y tendrá “las facultades para evitar el desabastecimiento y equilibrar las relaciones desiguales en todos los eslabones de la cadena de valor”. Además se creó el Registro Nacional de Infracciones, donde deben inscribirse los actos pasibles de ser sancionados.

El gobierno, al reglamentar el 12 de febrero pasado la ley de Resolución de Conflictos en las Relaciones de Consumo, avanzó sobre dos cuestiones: la conciliación obligatoria y la auditoría posterior. Antes, capacitó a los conciliadores mediante cursos monitoreados por distintas dependencias estatales.

La Secretaría de Comercio trabajó junto con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para aplicar la nueva justicia del consumidor, que crea una instancia obligatoria de conciliación con las empresas.

Miguel Ángel Fucks