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Vista desde el exterior, la calidad de la prensa argentina no parece estar en su mejor momento. Un trabajo realizado por el Instituto de Relaciones Públicas de Estados Unidos y la Asociación Internacional de Relaciones Públicas de Inglaterra ubica a la prensa argentina en el puesto 44 sobre un universo de 66 países.

El dato, revelado por “Clarín”, destaca que en el país se publican informaciones “cuya difusión ha sido impulsada mediante intercambio de favores o compensaciones económicas no transparentadas a través del mecanismo de la publicidad”.

Aunque algunas encuestas hechas en el país dan cuenta de que los periodistas mantienen niveles relativamente altos de credibilidad -sobre todo en comparación con políticos y economistas-, éstos son decrecientes comparados con los primeros años de la democracia, cuando la profesión y los medios de comunicación se ubicaban al tope de las preferencias del público.

En realidad, nadie debería sorprenderse de que esto sea así. El periodismo y los medios en general han acompañado el empobrecimiento de la sociedad y la generalización de los mecanismos corruptos registrados en la última década. Basta con ver un rato la televisión para darse cuenta de que es poco lo que algunos medios de comunicación pueden ofrecer. Otro tanto se puede decir de ciertas radios, periódicos y revistas.

Sin perjuicio de que muchos otros medios y profesionales se esfuerzan por mantener su independencia para brindar a sus lectores información objetiva y desinteresada, parece creciente la tendencia observada entre aquellos que se allanan a las pretensiones de los grupos de poder, sean éstos políticos, económicos o institucionales.

Aunque la influencia de los grupos económicos ha sido creciente en las últimas décadas, es el Estado -nacional, provincial o municipal-, o más exactamente los que ocasionalmente lo administran, quienes tradicionalmente han ejercido, por acción u omisión, mayores presiones sobre la prensa.

En el caso particular de Neuquén, el Estado mantiene un papel hegemónico en la actividad económica, como principal distribuidor de trabajo y riqueza proveniente en su mayor parte de las regalías de petróleo, gas y electricidad. Consecuentemente es ese Estado, y más especialmente el partido que lo administra casi sin interrupción desde hace 40 años, el que más se ha esforzado por ejercer su influencia sobre la prensa.

Con todo lo que se pueda decir de las últimas décadas, que es mucho, nunca han sido mayores que ahora los intentos del gobierno por mantener controlados a medios y periodistas.

El gobierno de Jorge Sobisch cuenta con un amplio aparato informativo y de propaganda, que llega a todos los rincones de la provincia y que incluye desde informativos radiales y televisivos dedicados a exaltar la acción oficial y la figura del gobernador, hasta ejércitos de asesores, consultores, periodistas y fotógrafos que se dedican a propagar sin mayores escrúpulos la fe oficial. En este esquema impera una política de premios y castigos: así como la mano oficial sabe ser diligente con aquellos que saben disciplinarse, puede mostrarse esquiva, tanto en materia de información como de publicidad, con quienes se atreven a revelar el otro lado de las cosas.

“Río Negro” conoce este mecanismo porque ha padecido y padece el permanente retaceo de la información por parte de los funcionarios de Sobisch, que intentan así castigar la independencia del medio. Baste recordar que este diario mantiene reclamos contra el gobierno ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Washington por el retiro intempestivo de la publicidad oficial como represalia por la difusión del escándalo de las cámaras ocultas.

Por desgracia, lejos de atenuarse, estos mecanismos oficiales experimentaron una escalada en los últimos tiempos, al compás de la mentada proyección nacional del gobernador. Sobisch quiere ser candidato a presidente y para lograrlo no repara en medios para instalar su figura.

Un costoso equipo de prensa, que incluye reporteros, fotógrafos y camarógrafos, sigue los pasos del gobernador en cada una de sus incursiones, nacionales e internacionales.

El gobierno acaba de gastar más de 220.000 pesos en un encuentro realizado en Villa La Angostura para que el candidato pudiera codearse, ante un buen grupo de periodistas invitados, con importantes figuras nacionales e internacionales.

Otro tanto ocurre estos días en San Martín. El gobierno aportó 30.000 pesos para el traslado de 35 periodistas de medios nacionales y extranjeros, todo para difundir el plan turístico que impulsa el candidato presidencial neuquino.

Todo este despliegue propagandístico -cuyo verdadero costo para el erario público es una incógnita- afecta las libertades de expresión e información, dos derechos humanos esenciales para el sostenimiento de la democracia que en Neuquén no parecen quitar el sueño a ningún gobernante.

Héctor Mauriño

vasco@rionegro.com.ar


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