Meijide y los derechos humanos



Más de un cuarto de siglo ha transcurrido desde que lo que con toda seguridad fue la última dictadura militar se vio reemplazado por un gobierno democrático, pero el país aún no está preparado para intentar analizar con un mínimo de objetividad la “guerra sucia”. Como acaba de descubrir la ex ministra de Desarrollo Social de la Alianza, Graciela Fernández Meijide, los que se animan a cuestionar la versión oficial actual del conflicto se convierten en seguida en blancos de la ira de los guardianes de la ortodoxia. Para indignación de éstos, en un libro que acaba de presentar, “La historia íntima de los derechos humanos en la Argentina”, Meijide señaló que, si bien se ha hecho habitual hablar de 30.000 desaparecidos, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) registró “casi 8.000 víctimas”. Aunque, como subrayó, “la tragedia no depende del número de víctimas”, de las que una fue su propio hijo, la diferencia no es meramente anecdótica. Si fuera verdad que desaparecieron más de 20.000 personas sin que nadie pueda recordar sus nombres y datos, la Argentina sería un país mucho más caótico y mucho más olvidadizo, uno en que la vida carecería de valor, de lo que cualquiera puede suponer. ¿Es eso lo que están afirmando quienes han protestado contra lo escrito por Meijide? En tal caso, tienen el deber de intentar rescatar a los presuntos desaparecidos no registrados del olvido total al que según ellos se han visto consignados, ya que una sociedad en que nadie recuerda nada de la existencia de tantas personas se asemejaría más a la de Corea del Norte que a la que conocemos.

También molestó a muchos la propuesta de Meijide de reducir las penas a aquellos represores que brinden información sobre el destino de los desaparecidos y de los niños que fueron apropiados. Para los que se dicen partidarios de “la memoria” el planteo debería considerarse por lo menos atendible, pero parecería que no les gustó del todo. Tal actitud podría entenderse si existiera el peligro de que reincidieran los sujetos encarcelados por violar los derechos humanos, pero el riesgo de que ello suceda es muy escaso. Una de las sorpresas más gratas que nos han deparado los años que nos separan de la guerra sucia ha consistido en la pasividad resignada de virtualmente todos los represores. Lejos de querer continuar la lucha atentando contra sus acusadores, se han limitado a despotricar contra “el gobierno de los montoneros”. Puede que desde la salida de la dictadura se haya producido el caso de un desaparecido, el del albañil Jorge Julio López, pero puesto que no se sabe nada de él desde hace tres años es posible que se trate de lo que podría calificarse de una desaparición “normal”, ya que incluso en las sociedades mejor organizadas hay personas que se van sin dejar rastro. Sea como fuere, la voluntad de muchos “militantes de los derechos humanos” de mostrar que los represores siguieron secuestrando y matando resultó ser tan fuerte que no vacilaron en tratar a López como si fuera una víctima más del Proceso.

El que luego de 30 años el tema de los derechos humanos siga tan politizado como lo era cuando las Fuerzas Armadas detentaban el poder es desalentador. Lo es porque entre los motivos por los que fueron violados sistemáticamente en la década de los setenta del siglo pasado estaba la convicción de demasiados de que en última instancia lo que realmente importa no son las violaciones como tales sino la militancia partidaria o ideológica de los involucrados. Así, pues, quienes condenan con más vehemencia a los militares y sus colaboradores propenden a reivindicar o minimizar la criminalidad de lo perpetrado, por fortuna en escala menor, por miembros de las organizaciones terroristas, lo que, debería ser innecesario decirlo, pone en duda la sinceridad de su compromiso. En el fondo, quienes piensan de esta manera comparten la mentalidad de los represores que, convencidos de que los fines que en su opinión eran buenos justificaban el empleo de medios atroces, suponían que sus compatriotas les agradecerían por haberlos librado de la amenaza terrorista sin preocuparse en absoluto por los métodos utilizados. Se equivocaron, claro está, pero en vista del clima relativista que en aquel entonces imperaba en el país, la confianza que sentían puede comprenderse.


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