Mejoró el control del Tribunal de Cuentas

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- En su informe trimestral difundido ayer, el Tribunal de Cuentas municipal reivindicó entre sus logros principales el de haber cambiado varias conductas del Ejecutivo y evitar que incumpla normativas en los concursos de precios y licitaciones.

También era común que las resoluciones que aprobaban cada gasto «no precisaran la imputación en partida correspondiente, y eso también se corrigió», según lo señalado por el presidente del TdeC, José Luis Hernández.

Sin embargo, el área contable y administrativa del gobierno municipal tiene todavía muchas tareas pendientes. Entre ellas la puesta al día de las conciliaciones bancarias y la presentación de informes mensuales de ejecución presupuestaria, según lo obliga la Carta Orgánica Municipal.

«Hemos logrado el cumplimiento de las ordenanzas vigentes, en el sentido de la participación en la elaboración de pliegos, apertura de ofertas y procesos de preadjudicación de cada compra» subrayó el Tribunal, en una declaración firmada por Hernández junto a sus colegas Laura Totonelli y Denise Casatti.

El presidente del cuerpo explicó que hasta hace muy poco esa regla no se cumplía y cualquier observación que realizara el cuerpo de contralor llegaba tarde porque el concurso de precios ya se había hecho.

«También conseguimos un cambio parecido con las resoluciones -agregó-. A partir de los rechazos, empezaron a llegar de manera correcta».

La intención del TdeC por jerarquizar su función choca en la práctica con el papel muy acotado que le reserva la Carta Orgánica, ya que carece de facultades sancionatorias y ante cualquier irregularidad detectada sólo le queda presentar una denuncia a la Justicia.

La concejal de MARA Sandra Guerrero presentó un proyecto de ordenanza para fortalecer las atribuciones del organismo, pero hasta ahora no consiguió apoyo entre sus pares.

No obstante, los alcances del poder fiscalizador del TdeC se pondrán a prueba a partir del próximo 1 de agosto, cuando comiencen a trabajar los asesores en materia jurídica y contable que están en trámite de contratación luego de la ampliación presupuestaria que les asignó el Ejecutivo con aprobación del Concejo.

Hernández aseguró que el cometido central reservado a los colaboradores será el de analizar a fondo el balance municipal de 1999, que arrastra múltiples omisiones e irregularidades y podría derivar en la apertura de una investigación penal.

También deberán dedicarse a desentrañar lo ocurrido con un pagaré de casi 800 mil pesos que el municipio vendió hace cuatro años a UPCN por la mitad de su valor, sin pedir aval del Concejo Municipal. En su rendición de cuentas correspondiente al período abril/junio, el Tribunal señaló también que realizó tres auditorías al área de Tesorería y aprobó el balance 2002 del Emprotur y el 2003 del Simbov, que se ocupa de administrar la tasa destinada a los cuerpos de bomberos.