Menem se negó a declarar y volvió a proclamar su inocencia

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«No voy a responder ningún tipo de preguntas», expresó ayer el ex presidente Carlos Menem al juez federal Jorge Urso al comenzar la indagatoria en la que causa por la que está detenido y a un paso de ser procesado como presunto jefe de una asociación ilícita que vendió armas en forma ilegal a Ecuador y Croacia.

Luego, en una breve exposición, Menem calificó de «injustas y arbitrarias» su detención y la calificación legal por la que está imputado en la causa, y aprovechó la oportunidad para arremeter contra la prensa, «de la cual he sido objeto de escarnio» por haber «tirado por la borda tantos años de sacrificio», según relataron fuentes judiciales .

Menem llegó a los tribunales de Retiro acompañado por su esposa, Cecilia Bolocco, en un helicóptero que lo trasladó de la quinta de Don Torcuato donde cumple arresto domiciliario.

«Impaciente» ante la tardanza de sus abogados, Menem hacía llamados por un celular. «Parecía una pantera», relataron. Finalmente, los letrados llegaron 40 minutos después de la hora prevista para el inicio de la audiencia.

El ex presidente, ya más tranquilo con la presencia de sus abogados, presentó un memorial, un escrito de 5 carillas en el que manifestó su «total y absoluta inocencia», y a través del cual cuestionó los elementos de prueba que se han acumulado en la causa y que serán utilizados por el juez a la hora de resolver la situación procesal de Menem.

Además, calificó de «arbitraria» la calificación de jefe de asociación ilícita y expresó su «preocupación» por el doble juzgamiento por el delito de enriquecimiento ilícito, a partir de que Urso decidió ampliar la investigación en ese sentido. Según Menem, ya fue investigado por ese delito por un juez de La Rioja y actualmente hay otra causa en manos del juez Galeano.

Menem explicó en el escrito el contexto en que se realizaron reuniones con militares en relación a una venta de submarinos a Taiwán, que finalmente no se hizo por oposición del entonces ministro Cavallo, y que Urso podría usar como prueba para reforzar la figura de la asociación ilícita. De esa manera, Menem intenta desvirtuar el testimonio del almirante retirado Edmundo Shaer y el vicecomodoro retirado Tomás Medina, quienes dijeron a Urso que en marzo de 1990 se reunieron con el ex presidente en el marco de las negociaciones de la venta de submarinos a Taiwán.

También el escrito descalificó las declaraciones de Luis Sarlenga y de Esteban Caselli, que le juegan en contra. Menem sostuvo que la Cámara Federal porteña cometió un «grueso error», al ordenan investigar a la cúpula de su gobierno, quien además acusó a Zulema, Yofre de haber mentido y de tener «animadversión hacia él». Durante la audiencia, Menem y Roger preguntaron varias veces a Urso cuándo va a resolver la situación procesal. El juez explicó que, de acuerdo al Código Procesal, tendrá 10 días para hacerlo.

Las fuentes contaron que dos abogados del estudio de Adrián Menem, hijo de Eduardo Menem, pidieron estar presentes en la indagatoria, a lo que el juez se opuso, ya que el Código establece que podrán asistir a un imputado sólo dos abogados, y que en este caso están Cavagna y Roger.

Menem estuvo tranquilo, aunque «cansado y con un hilo de voz», durante la audiencia bebió agua, aunque el contenido del vaso se lo terminó su abogado Roger, más ansioso a esa hora.

Por otra parte, se pronunciaron ayer menemistas acérrimos, entre ellos Eduardo Menem quien sostuvo que «si Urso quiere ajustarse a derecho tiene que dictar inmediato sobreseimiento» de su hermano y también salió en su defensa el banquero Edurado Escasany, quien dijo que sentía «gran tristeza y preocupación» por la situación del ex mandatario.

El Partido justicialista, por su parte, anunció que presentará el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunciando la «privación ilegítima de la libertad y falta de garantías de juicio justo» hacia el ex jefe de estado.

Urso, cumplió ayer con una formalidad, pero ya tendría una decisión tomada y la transmitiría antes del plazo previsto. (DyN, Infosic)

Los puntos salientes del escrito

A continuación se reproducen algunas de las explicaciones que, por vía escrita, brindó Menem al juez:

* «Los decretos son objetiva y formalmente correctos y no tienen vicios que los invaliden. El destino era válido, si la autorización se usó para desviarlos a otros países, habrá que demostrar que en el ánimo del presidente y sus ministros existía el conocimiento e intención de tal derivación».

* «Se olvida el poder real de Sarlenga en estas operaciones: ante él se presentaba el pedido de compra…y era quien armaba el expediente» previo a los decretos.

* «Cuando la Cámara plantea que hay que investigar el origen de los decretos como si éstos hubieran sido impulsados desde lo mas alto del Ejecutivo, comete un grueso error», ya que «cada decreto un pedido de autorización para la venta de armas, que se inicia en la Dirección General de Fabricaciones Militares».

* «Absolutamente nadie, me imputa o atribuye haberme interesado en forma especial o genérica en la gestión de ninguno de los decretos, ni siquiera en uno solo de los pasos previos».

Dos vicegobernadores en el banquillo

El ex vicegobernador de Chaco Miguel Pibernus quedó ayer detenido por orden de la justicia en el marco de una causa que investiga presuntas donaciones ficticias.

Así lo confirmó el juez de Instrucción 6 Ramón Martínez Arias, quien procesó a quien fuera dos veces compañero de fórmula del gobernador Angel Rozas por el delito de «fraude contra el estado».

Pibernus fue acusado en varias oportunidades por la diputada justicialista María Pilatti Vergara, quien llevó adelante una investigación que habría determinado que ninguna de las donaciones que el ex vicegobernador dice haber efectuado llegaron a destino. De todos modos, como Pibernus tiene más de 70 años el juez le concedió el beneficio del arresto domiciliario.

Simultáneamente, el juez penal de Tucumán pidió a la Legislatura provincial el desafuero del vicegobernador Sisto Terán, quien se encuentra sospechado del supuesto delito de malversación de fondos públicos.

La causa la lleva adelante el magistrado Víctor Pérez, quien investiga una denuncia por el supuesto manejo inconstitucional de los llamados «gastos de bloque», que percibe mensualmente cada legislador. (DyN)