Micaela

Dos hechos signaron las horas previas al hallazgo del cadáver de Micaela Bravo en Bariloche: la decisión de ponerles fin a los rastrillajes, que hasta entonces no habían dado ni un solo indicio del paradero de la joven madre, y la designación del abogado Mario Altuna como nuevo jefe de la Policía de Río Negro en reemplazo de otro abogado, Fabián Gatti.

Si el gobernador Alberto Weretilneck pensó que la mejor manera de cubrir la vacante que dejaba la renuncia de Gatti y dar respuesta a la comunidad de Bariloche era poner a Altuna a cargo de la Policía, falló en el cálculo.

Altuna es penalista y, según reveló el ministro de Seguridad, Gastón Pérez Estevan, “hace más de seis años que es abogado de la Regional (de la Policía) de Bariloche”. En esa función, Altuna dijo el año pasado: “Si continuamos con esta clase de persecución a la Policía, vamos a llamar un día al 911 y si lo están violando en su casa le van a decir que lo disfrute porque vamos a ir en tres años”. Cuando revisó sus dichos, se quejó de que lo habían sacado de contexto pero igual insistió: “Fue un ejemplo poco feliz de algo que considero que es una realidad”.

La salida de Gatti era un hecho. Weretilneck quería que siguiera hasta el 2019 pero el abogado de Cipolletti está desgastado por un cargo que, según les dijo a sus allegados, no tiene fines de semanas ni feriados, con el agravante de que, a diferencia de los comisarios que a su edad ya piensan en el retiro, su carrera es política.

Weretilneck y Pérez Estevan creen que Altuna será el nexo ideal entre la Policía y la Justicia, especialmente con los fiscales, que con el nuevo Código de Procedimientos Penal tendrán la mayor responsabilidad en la investigación de delitos.

Pero Altuna es resistido en Bariloche por los que vienen luchando desde hace años contra la violencia de género, los operadores de los servicios de asistencia a las víctimas y los movimientos feministas.

Bariloche fue sede el año pasado de unas jornadas internacionales de Violencia de Género y Delitos Conexos, organizadas por la Procuración, cuya titular, Silvia Baquero Lazcano, recibió cuestionamientos por el gasto de semejante actividad desarrollada en un hotel cinco estrellas. El sindicato judicial habló de 5 millones de pesos, pero la jefa de los fiscales respondió que se gastó menos de un tercio de esa cifra.

Llama poderosamente la atención que ahora, en la experiencia piloto de funcionamiento con el nuevo código procesal, la Procuración no haya creado ni una sola fiscalía de género, que es un reclamo que surge de nuevo en Bariloche luego de los crímenes de Natalia Báez y Micaela Bravo y de la muerte aún dudosa de Ruth Sagaut.

Silencio

Unas horas antes de que el cuerpo de Micaela apareciera en un descampado, el portal de noticias “DeBariloche” informó que la Policía había puesto fin al rastrillaje que se había iniciado con la desaparición de la joven madre de tres chicos. Nadie lo desmintió y por ahora no se conoce ni explicación oficial sobre esa decisión ni reproche formal de la Justicia. El cadáver lo terminó encontrando un hombre que pasaba cerca de allí con su perra.

Al frente del operativo de búsqueda de Micaela estaba el director de Seguridad de la provincia, Carlos Arias, un comisario que fue jefe de la Regional de Bariloche y todo indica que será subjefe de la Policía una vez que asuma Altuna.

El gobierno, que el viernes decidió establecer una recompensa de 300.000 pesos para los que aporten datos que permitan esclarecer el crimen de Micaela, advierte una vez más la complejidad de Bariloche, que es además la ciudad más poblada de la provincia y la de mayor peso electoral. Frente a la cantidad de casos de violencia contra las mujeres, hubo miles de personas que marcharon en reclamo de esclarecimiento pero también de prevención. Y hubo miles que, con sus razones, no lo hicieron y cuyos silencios también son elocuentes.

Poco interés

Altuna lo debe saber: no hay interés en ser policía en Bariloche. La escuela tiene la mitad de los inscriptos que en otras ciudades. La Jefatura estableció beneficios extras para los que acepten un traslado, pero el plan de seducción tampoco dio grandes resultados.

Frente a los cambios en el procedimiento penal, la Procuración designó adjuntos en las fiscalías, en un procedimiento del que no toma parte el Consejo de la Magistratura a pesar de que los funcionarios judiciales deben ser designados por este organismo.

La creación de la “policía judicial” prevista en la Constitución de la provincia es para el gobierno una utopía. En la Jefatura de la fuerza prefieren ofrecer a los primeros egresados de la Escuela de Investigadores que, desde Viedma, tendrá su primera camada en el 2017.

Opiniones

Martín Belvis

martinbelvis@rionegro.com.ar