Mildenberger, sin palabras sobre las licitaciones simuladas

Marcelo Ochoa

VIEDMA (AV)- Osvaldo Mildenberger –el ex secretario de Obras Públicas del gobierno de Miguel Saiz– se presentó ayer en tribunales pero se abstuvo de prestar declaración indagatoria en el marco de una causa penal referida al mecanismo de refacciones y ampliaciones en las escuelas rionegrinas. A Mildenberber se lo investiga por cinco proyectos cuestionados a partir de una denuncia presentada en 2010 por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Otra presentación en la Justicia –que formuló el ex legislador Martín Soria– pertenece a proyectos ejecutados por la cartera educativa en la gestión de César Barbeito. En tanto, días atrás, la fiscal Daniela Zágari promovió otra acción penal contra Mildenberger -por una denuncia de los ex legisladores Luis Bonardo, Luis Bardeggia y Soria- por presuntos incumplimientos en obras de una escuela de Catriel. El expediente por el cual el ex secretario de Obras Públicas fue convocado ayer corresponde a construcciones en cinco escuelas: la Nº 179 de San Antonio Oeste (“instalación de gas”), el CEM 98 de Las Grutas (“tareas de demolición”), el Jardín de Infantes Nº 80 – escuela Nº 2 de Viedma (“reparación y readecuación”) y el SUM de la primaria 23 de Allen (“ampliación y pintura”). Las presuntas irregularidades comenzaron a quedar en evidencia con un pedido al Tribunal de Cuentas de siete ex legisladores (Fabián Gatti, Beatriz Manso, Martha Ramidán, Luis Bardeggia, Luis Bonardo; Facundo López, María Maza, Irma Haneck y Manuel Vázquez). Ese organismo detectó serias anomalías, por lo cual remitió los expedientes a la Fiscalía de Investigaciones. Su titular, Pablo Berraz, presentó la denuncia penal y, en junio de 2010, la fiscal Zágari imputó a Mildenberger, como también a otros dos funcionarios de Obras Públicas: el ex subsecretario Horacio Puch Morales y la ex directora de Estudios y Proyectos, María Raquel Rodríguez. Meses después murió Puch Morales y, en noviembre pasado, Mildenberger renunció. El juez Carlos Reussi dispuso el llamado a indagatorias, valorando los peritajes y los testimonios, especialmente de las autoridades escolares y de los constructores. Además de Mildenberger, el magistrado convocó a María Raquel Rodríguez. El primero de los imputados se abstuvo de declarar, mientras que Rodríguez lo hizo, rechazando su responsabilidad en los hechos. Ambos son patrocinados por defensores oficiales. La irregularidad que se les imputa está centrada en que las obras se realizaron y recién después se cumplió con los trámites administrativos, incluyendo las licitaciones que obviamente fueron direccionadas a la firma que ya había efectuado las ampliaciones y arreglos. En su presentación, la Fiscalía de Investigaciones destaca la “utilización impropia de excepción de urgencia para acceder a contrataciones directas; simulada participación de empresas competidoras y especificaciones técnicas insuficientes en los pliegos de contratación”.