Monopolio político



La crisis económica y política de fines del 2001 abrió un desafío ciudadano en la participación y el aporte en favor de la consolidación institucional. Sólo fue un espejismo. Todo se diluyó y la dirigencia -en especial, la política- recuperó terreno para reinstalar esquemas de poder alejados de mejoras del sistema representativo, más allá de la legalidad electoral. Esa sensación se instala en el presente rionegrino con el repaso de los últimos acontecimientos. Por estos días, el gobernador Miguel Saiz defiende su estricta prohibición de la explotación minera con cianuro y mercurio. Sólo aceptará cambios jurídicos que ya acordó el jueves con el fiscal de Estado, Alberto Carosio, y los diputados Bautista Mendioroz y José Luis Rodríguez. El mandatario no aceptó ni siquiera evaluar otras reformas, pues entendió que aparecería como flexibilizando su decisión y que tendría un alto costo político. Aun así, la mediática prohibición de Saiz desubicó a técnicos y funcionarios. Por eso, esta historia minera reciente es buen ejemplo para ratificar el estilo de conducción del gobernador y los interrogantes que alienta. A esta altura, pocos dudan del origen político y electoral del anuncio del gobernador. Bien podía existir un voluminoso expediente técnico para justificarlo, pero lo cierto es que la inicial marcha cautelosa de Saiz tenía otra dirección: avalar esas inversiones con controles del Estado. “Hay miedo en la población”, razonó ante los suyos. Una sensación que se quedó huérfana de sostén técnico durante semanas. Un proyecto de ley de Magdalena Odarda del año pasado es un antecedente rico. El mismo también prohíbe la utilización de cianuro y mercurio. Ni la autora duda de la similitud de su iniciativa con la de Saiz, por lo cual aceptó que el tratamiento en la Legislatura se concentre en la iniciativa del gobernador. Hasta el anuncio de Saiz, aquel proyecto no tenía destino. En setiembre pasado, Asuntos Económicos -con el voto de Rodríguez y otros cinco radicales- lo mandó al “archivo” y lo fundamentó con “los informes del Consejo de Ecología (Codema) y la Dirección de Minería”, según el expediente 409/04. Explicaciones que merecen repasarse. Minería calificó al proyecto de “violatorio de la Constitución Nacional”, que contrapone normas provinciales y desconoce la adhesión al Acuerdo Federal Minero. La respuesta del Codema repasa las propiedades del cianuro, lo que plantea que “con conocimiento, procedimientos y manejo responsable se consigue un uso seguro”. Concluye que “no es necesaria su sanción” porque la preservación ambiental ya se prevé en la Constitución provincial, leyes y procedimientos, al adoptar “recaudos para evitar efectos nocivos al medio ambiente”. Todo está escrito, sólo hay que garantizar un eficiente y serio control. Esas mismas razones derivaron después en el rechazo de constitucionales. Luego llegaron vientos de cambio con el mensaje de Saiz y, hace algunos días, Presupuesto devolvió el proyecto Odarda a su par de Económicos para que “reconsidere el tema. Un real viraje. Intercomisiones incorporará el martes reformas jurídicas y, el jueves, la Legislatura lo aprobará. No habrá sobresaltos, ni sonrojos. El gobernador sólo escuchó insinuaciones opositoras de parte del vicegobernador Mario De Rege y del diputado Rodríguez. El mandatario no atendió sugerencias, tampoco aquéllos transparentaron públicamente sus reflexiones y temores técnicos. Ese aporte diferenciador hubiera sido una contribución al debate, mucho más útil que los comunicados partidarios de la COR (sector interno del radicalismo). El resto del mecanismo oficial es sencillo: Mendioroz -sin reparos- asumió el alineamiento del bloque y no habrá fisuras a pesar de las dudas en privado. Ya aquellos análisis del Codema y de Minería se acomodaron al nuevo objetivo. Por eso, después del anuncio de Saiz, el Consejo de Ecología necesitó tres semanas para opinar del proyecto Calcatreu. Saiz no duda de la constitucionalidad del proyecto. No hay tanta certeza en sus asesores. Además, por lo menos, dos hombres del oficialismo escucharon iguales advertencias de su judicialización de parte del juez del STJ, Luis Lutz. El radicalismo siempre actuó con la visión que el poder vale por sí mismo. Saiz -a pesar de su pregonada horizontalidad- cumple ahora con esa escuela y, además, ya desplegó un sólido mecanismo de favores y castigos. El resto del radicalismo actúa con la inercia del poder, máxime en épocas electorales. La complejidad de la sociedad y del Estado es tal, que resulta ilusorio suponer que la actividad política puede seguir siendo una vocación espontánea. Como cualquier otra disciplina, cada día se requiere de más capacidades. El manejo de los asuntos del Estado no puede regirse por la intuición. Las decisiones públicas deben tener componentes no sólo políticos, sino también sólidos contenidos técnicos. Ese requerimiento social se profundiza ya que las “rendiciones de cuentas” por parte de los organismos de control o de la misma Justicia casi nunca cierran el círculo en la tarea de garantizar que los funcionarios se responsabilicen por decisiones desacertadas, erróneas o irregulares. No implica sólo casos de corrupción, sino también aquellos de negligencia. La disciplina institucional de Saiz posibilita que subsista el caótico panorama en Educación, que acumula casi una decena de funcionarios en mandos, pero con renuncias presentadas. Una muestra de anarquía. La última dimisión frustrada correspondió al segundo, Julio Barreno. Aunque manuscrita, la decisión fue meditada y preveía eyectar a la presidenta Lady Romero Fernández. No conoce a Saiz. Por eso, el ministro César Barbeito logró licuar ese alejamiento, que -de por sí- Barreno pedía concretar recién en agosto. El texto de renuncia transparenta más las pugnas intestinas. Barreno señala que Romero avanzó en quitarle áreas -Recursos Humanos- “bajo su reorganización” y advirtió que persiguen su debilitamiento, pero que no fracasará “por caprichos o decisiones antojadizas”. Ocurre que Barreno inició recambios de funcionarios en Recursos Humanos, pero Romero se opuso y, en los últimos días, quiso pasar ese área bajo su dependencia. Por ahora, Saiz avaló a la presidenta con un decreto de designación de un funcionario para Recursos Humanos. Barbeito buscará esta semana reorganizar esa conducción. Una lejana meta, aunque el paso inicial es modesto: juntarlos para que vuelvan a hablar entre ellos. Es poco probable que Educación cumpla mejor gestión en estas condiciones, que además incluyen otras virtuales acefalías, como la delegación de Bariloche aunque siga en su cargo la renunciada Cristina Balest. Semejante desintegración no garantiza los mínimos canales de diálogos internos. Mal podría entonces recepcionar reclamos y otorgar respuestas de la comunidad educativa. Falta comunicación, interlocutores, conducción y gestión. Sobran desorientación y conspiración. No hay condición favorable para la utilización eficiente de los recursos, que el Estado este año efectivamente dispuso para las escuelas. Se advierte en las planillas de Contaduría General. En el primer cuatrimestre, las partidas para reparaciones de edificios de Hacienda y Educación sumaron 11,5 millones, que ya superan en 3,5 millones a las erogaciones totales del 2004. Igualmente cierto es que las mayores culpas por reclamos edilicios se depositan en Hacienda, que concentra la ejecución de refacciones y obras en las escuelas. Además, las labores de mantenimiento corresponden a los municipios, salvo en las ciudades mayores asignadas a Obras Públicas, Viviendas Rionegrinas y Educación. Demasiada dispersión. El gobierno trabaja en un sistema de contratación que permita rápida acción operativa, pero cualquier intento será difícil con semejante inestabilidad que erosiona tiempo para construir un proyecto, una estrategia y una esperanza.

Adrián Pecollo pecollowa@yahoo.com.ar


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