Muerte en la U11: «no se puede decir, ‘como se portan mal, los tengo como perros'»

“Alojar a dos personas de manera permanente en una celda individual, con una salida de una hora diaria, es en sí mismo un caso de tortura, que además en esta situación derivó en dos muertos”, aseguró el abogado Federico Egea, que en representación de la asociación Zainuco pidió el traslado de los cuatro policías que prestaban funciones en el pabellón de la Unidad 11, en el que estaban alojados Víctor Herrera y Maximiliano Mérgola. La jueza de Ejecución Penal de Neuquén, Raquel Gass, hizo lugar a la solicitud, no sin antes marcar sus diferencias: “la integridad física de los internos en este momento está garantizada”.

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Herrera y Mérgola compartían una de las celdas del pabellón 6 B, que es de aislamiento, en la que nunca debieron haber estado juntos, ya que está prevista para una sola persona, por ser un lugar de pequeñas dimensiones, y por un tiempo acotado. En “buzones”, como se conoce a ese sector, se les permite una hora de salida diaria en un régimen muy limitado de visitas.

En este caso estuvieron desde el domingo 28 de agosto hasta el martes 30 cuando prendieron fuego uno de los colchones y murieron por asfixia: Herrera casi inmediatamente, en la unidad, y Mérgola el 3 de septiembre, tras una internación en el hospital Castro Rendón.

La investigación está a cargo de la fiscal de Homicidios, María Eugenia Titanti. “La hipótesis que hoy tiene más peso probatorio es que Mérgola estaba reclamando irse al pabellón de al lado y por eso intensificó su reclamo, de una manera altamente riesgosa, no solamente poniendo en riesgo la vida de él sino la de Herrera también y la de los demás detenidos”, indicó la semana pasada en una entrevista con RIO NEGRO.

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Zainuco solicitó una audiencia en la que le planteó a Gass que los cuatro policías que prestaban servicio en ese pabellón debían ser trasladados. En la actualidad dos de ellos fueron afectados a otra función en la misma cárcel, y el resto está de licencia.

Egea lo justificó en que para garantizar las condiciones de seguridad de los internos que presenciaron el hecho y su libre declaración era necesario que ninguno estuviese en contacto con estos policías.

“Cada vez que se produce un hecho de violencia en una unidad de detención se explica como agresiones entre los internos, o reclamos, y así se termina todo, cuando cualquier persona que conozca la realidad carcelaria sabe que eso no es necesariamente así y que debe ser investigado”, agregó. Afirmó que la prueba por fuera de los testimonios de los internos “depende de la policía, las cámaras de seguridad, los libros de guardia, toda esa información que va a aportar la propia corporación a la que pertenecen las personas, que posteriormente van a ser investigadas”.

La defensora de Ejecución, Luciana Petraglia, que le brindaba asistencia a Herrera, adhirió a la petición y aseguró que las muertes bajo custodia del Estado implica imponer medidas de protección con respecto a los testigos.

Natalia Lacoste, que es la funcionaria de la fiscalía responsable de la oficina de Ejecución, se opuso en tanto consideró que “la reasignación de tareas” en otro sector de la U11 era una medida correcta. Señaló que tal como dijo el jefe de la cárcel, el comisario inspector Carlos Ruiz Díaz, que declaró en la audiencia, “no se tiene posibilidad de contacto con ningún pabellón”. El testigo también mencionó que en “buzones” había presos que estaban “más de un mes y medio”.

Ante la respuesta de Lacoste, Egea sostuvo: “no logro visualizar en términos de razonabilidad, cuál es el problema de trasladar a un grupo de personas, policías en este caso, de un lugar a otro, porque parece que sacar a estas personas de la Unidad 11 fuera como remover a los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. Recalcó en que esto no repercutiría en ninguna modificación “a las condiciones de trabajo, no hay afectación salarial”.

“Las condiciones de convivencia, no son legalmente justificantes del agravamiento de las condiciones de detención. No se puede decir: “mire porque hay muchos, los tengo como chanchos”, no pasa por ahí. “Como se portan mal, los tengo como perros”, manifestó Egea. Según un informe de la propia unidad hoy existe una sobrepoblación en la cárcel. Los mismos datos maneja la fiscalía: 107% de ocupación hasta agosto.

Petraglia insistió en que no importa si los presos se sienten o no amenazados “se presume que una investigación eficaz no se va a poder llevar a cabo si los testigos están bajo custodia de las mismas personas que están siendo investigadas”.

Gass ordenó a la Jefatura de Policía que dispusiera el traslado de los cuatro efectivos. Subrayó que ella estuvo presente en la unidad el día del hecho, y que solo uno de los internos pidió pasar a la Unidad 12.

“Este es un pabellón de clasificación, de ingreso a la unidad cuando recién llegan, donde lo adecuado y lo deseable es lo que manifestó el comisario Ruiz Díaz, que permanezcan una breve cantidad de días para poder ser alojados en otros pabellones. Después hay que ver situaciones que por la imposibilidad de convivencia en otros pabellones, y de personas que exigen ser alojados únicamente en ese lugar, esto es así, en esto no puedo acordar con que objetivamente haya que trasladarlos contra su voluntad, que eso puede poner en grave riesgo la integridad física”, dijo la jueza.

Enfatizó: “la verdad es que no es una situación cotidiana y tampoco es una situación que no se ha tomado con seriedad”.