Multan a ex funcionarios de Allen por irregularidades 11-12-03

ALLEN (AA).- La ex secretaria de Acción Social municipal Marta Fernández y Doris Isidori (ex directora del sector) fueron halladas responsables de diversas irregularidades cometidas en el área, que giraban en torno del manejo de ayudas económicas sociales destinadas a familias de escasos recursos.El Tribunal de Cuentas les impuso una multa y llevó el asunto a la Justicia.

El organismo de control había iniciado meses atrás un juicio de responsabilidad a Fernández -que hasta hace poco estuvo al frente de la secretaría- y también a Isidori, que la secundaba en el mando.

En los últimos días el Tribunal, antes de concluir su gestión, emitió una resolución que sanciona a ambas funcionarias.

A cada una se les aplicó una multa de 1.250 pesos porque fueron encontradas responsables de múltiples irregularidades administrativas. Según se informó, se comprobó «la existencia de recibos en blanco, falsificación de firmas, corrección de facturas de proveedores y pérdidas de cajas chicas que no se han denunciado debidamente».

El original del expediente fue enviado a la Fiscalía en Comisaría local para que se investigue si se cometió algún delito penal, y también se decidió dar parte a la Junta de Calificación y Disciplina del Ejecutivo Municipal a fin de que evalúe la aplicación de posibles sanciones laborales.

Los integrantes del organismo de contralor emitieron su dictamen en la resolución 37/03, donde destacaron no sólo la verificación de malos manejos en el área, sino la existencia de un «modus operandi particular en la secretaría de Acción Social», que se realizaba con el manejo de los fondos destinados a ayudas paliativas sociales y su rendición.

La investigación se inició en el transcurso del primer tramo de abril, a raíz de la aparición de recibos de la comuna que se encontraban en blanco pero firmados por supuestos beneficiarios de paliativos sociales. Esta información llegó a una radio, y desde allí salió a la luz pública.

Los recibos en cuestión eran órdenes de pago pertenecientes a la municipalidad de Allen con firmas de personas a las que presuntamente les habían entregado dinero, aunque no se especificaba cuál era el monto ni tampoco el concepto bajo el cual se brindaba tal ayuda.

El Tribunal llevó adelante un sumario administrativo y posteriormente inició un juicio de responsabilidad a las funcionarias que estaban a cargo del área social.

En el caso de Fernández, el órgano de control municipal le atribuyó negligencias en el cumplimiento de las funciones de supervisión y control, y se resaltó que tal falta «se manifiesta en hechos probados en el expediente que muestran la falta de control del secretario sobre el personal de su área, a quien se le delegaron funciones no delegables como el control y manejo de fondos y comprobantes de pago».

Por otra parte, los miembros del Tribunal concluyeron que Isidori fue la autora «material en algunas oportunidades» e «intelectual en otras» del manejo irregular de las cajas chicas y fondos asignados.

Ambas funcionarias fueron notificadas de la resolución del cuerpo de control, que hoy cumple su último día de función en la actual gestión municipal.

Hasta los próximos días las sancionadas tendrán tiempo para efectuar la apelación.

«Un 'modus operandi' particular»

ALLEN (AA).- Un particular «modus operandi» instaurado en el manejo de las ayudas sociales operaba en el último tiempo en la secretaría de Acción Social del municipio, según concluyeron los miembros del Tribunal de Cuentas.

En uno de los párrafos de los considerandos los integrantes del Tribunal describieron cómo era el mecanismo. Consistía, se detalló, en que «los beneficiarios percibían un monto determinado en concepto de ayuda paliativa, en el mejor de los casos suscribían un recibo a fin de determinar a quién se le había entregado el dinero, pero el recibo se encontraba en blanco, cuestión que se subsanaba a la postre con el 'armado' de la rendición de la caja chica -se añadió- manteniendo así la posibilidad de cubrir posibles faltantes que pudieran aparecer».

Además de las funcionarias que tenían bajo su control la secretaría social, también se evaluó el rol desempeñado por otra mujer, cuyo apellido es Ferreyra, que se desempeñaba en el área en «contraprestación de servicios» por ser beneficiaria del Plan Jefes y Jefas de Hogar.

En las pericias caligráficas realizadas, ésta aparece como responsable de la aclaración de firma de los recibos en blanco.

Sin embargo, en la investigación quedó desligada del grave hecho porque la trabajadora no podía tener control de recibos ni fondos a asignar, se consignó.