Multaron a Ecolatina, la consultora de Lavagna

La sanción llegó por parte del gobierno Nacional a raíz de estimaciones inflacionarias difundidas por la empresa. Apelarán la medida aplicada por la entidad de Guillermo Moreno al considerarla una decisión “absurda y carente de todo sustento legal”.

La consultora Ecolatina fue multada hoy por el Gobierno por haber difundido estimaciones inflacionarias, en una decisión que calificó de “absurda y carente de todo sustento legal”, por lo que apeló a la presidenta Cristina Fernández a que “intervenga para impedir que continúen estos ataques y violaciones a los derechos constitucionales”. La entidad, que fuera fundada por el ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, informó en un comunicado que “fue multada en el día de la fecha por la Dirección de Lealtad Comercial dependiente de la Secretaría de Comercio Interior”, dirigida por Guillermo Moreno. “Ninguna de las normas que se invocaron en la resolución para sostener el procedimiento llevado a cabo, faculta al Poder Ejecutivo a requerir la información acerca de la estimación de precios que Ecolatina difunde y mucho menos a cuestionar la metodología utilizada”, señaló la consultora al referirse a la multa de medio millón de pesos que se le aplicó. Al margen de señalar que “dicha sanción será recurrida, por cierto, en el fuero judicial”, reclamó a la jefa de Estado que “intervenga para impedir que continúen estos ataques y violaciones a los derechos constitucionales, al tiempo que se reconozca la existencia de la inflación como problema y se implementen las medidas necesarias para su solución”. “La inflación constituye el mecanismo más despiadado para generar más pobreza; ignorar este hecho, mentir descaradamente y perseguir a quienes lo advertimos es la forma más perversa de perpetuar la injusticia social del país”, señaló Ecolatina. Para la consultora, “las autoridades actuaron con exceso manifiesto de sus competencias legales, y la multa aplicada (500 mil pesos) viola las garantías a la libertad de expresión y opinión, a la libertad de ejercer profesión y comercio lícitos, y a al debido proceso (artículos 14, 16, 17, 18, 19 y 28 de la Constitución Nacional), en un pronunciamiento arbitrario y con calificativos agraviantes en su texto, inusuales para un acto administrativo o un acto de gobierno”. “El verdadero objeto del accionar del Poder Ejecutivo es coercionar a las principales consultoras económicas y fundaciones de estudios para que se abstengan de continuar con estudios y análisis independientes que contradicen la visón oficial”, añadió. Desde principios de año, Comercio Interior viene llevando a cabo procedimientos administrativos en contra de diferentes consultoras y fundaciones que realizan estimaciones de precios que difieren de las mediciones oficiales. DyN.-


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