Nación acepta que las empresas adelanten 350 millones de dólares

BUENOS AIRES (ABA).- El gravamen del 20% sobre las exportaciones de hidrocarburos y del 5% sobre sus derivados resultó ser tan inflamable como el petróleo mismo. Por eso, anticipándose a una explosión incontrolable, el gobierno está negociando con las empresas un acuerdo para que éstas aporten -tal como lo habían solicitado en un principio- 350.000.000 de dólares hasta fin de año en concepto de adelanto de las retenciones dispuestas por ley y ratificadas por un decreto de necesidad y urgencia.

Esa decisión se vería complementada además con la promesa gubernamental de que si no prosperara en el Congreso el tributo alternativo del 8% a la producción en boca de pozo, el derecho que se cobraría sobre las ventas al exterior del sector serían a partir de 2003 iguales a las que rigen sobre los demás productos primarios, es decir, del 10%.

Así lo reveló ayer a «Río Negro» un influyente ministro del gabinete del presidente Eduardo Duhalde que solicitó estricta reserva. «Después de semanas de trabajo, las negociaciones están viento en popa: el tema está encaminado a una solución conveniente para ambas partes y esperamos que se concrete en las próximas semanas», dijo el funcionario y hombre de confianza de Duhalde.

La información recibió respaldo además en la Comisión de Energía de la Cámara Baja, donde desde la última semana transcurren los principales encuentros de los representantes del sector para viabilizar la tributación alternativa.

Allí, una fuente corroboró la existencia de tales contubernios y ratificó las intenciones de los dos sectores. De prosperar este acuerdo, tanto las empresas como el Ejecutivo saldrían ganando. El gobierno porque espera recaudar aproximadamente 600.000.000 de pesos para solucionar sus necesidades de financiamiento urgente sin tener que dar una intempestiva marcha atrás sobre el tema, y las compañías porque consiguen desentenderse, al menos por este año, de la inestabilidad legislativa y de los perjuicios económicos que genera sobre sus negocios la indefinición impositiva.

«El gobierno necesita recaudar, y lo necesita en el corto plazo. Las empresas necesitan soluciones, y las necesitan en el corto plazo. Por eso la mejor manera es alcanzar un acuerdo intermedio, y eso es lo que estamos negociando», dijo la fuente. El tiempo con que cuenta Duhalde para alcanzar esta solución es corto y está lleno de obstáculos.

El primer paso debería ser antes del 18 de marzo, fecha en que termina la conciliación obligatoria dictada por la cartera laboral para evitar las huelgas y las tomas de yacimientos por parte de los obreros y para que las compañías no puedan despedir personal. Igualmente, de no lograrse antes de ese momento, no ardería Troya: «En caso de que no prospere antes del fin de la conciliación obligatoria, seguramente se volverá a prorrogar, porque todos tenemos la intención de acordar sin conflictos».

La posibilidad de que si el Congreso no aprueba la nueva ley que reemplazaría a la que establece la tasa del 20% a las exportaciones se establezca una retención del 10% encuentra antecedentes en los reclamos de los principales empresarios del sector, quienes argumentan que el petróleo, al igual que los demás commodities de exportación, es un producto primario. Incluso el influyente CEO de Pérez Companc, Oscar Vicente, lo había planteado hace una semana durante una entrevista con «Río Negro».