Nación distribuirá 350 millones para emergencia alimentaria

El gobierno nacional decretó la emergencia alimentaria nacional hasta el 31 de diciembre y creó un programa para paliar esta situación, en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, para el cual destinará hasta 350 millones de pesos para distribuir entre las provincias.



El presidente Eduardo Duhalde dispuso ayer la distribución de 350 millones de pesos para atender la emergencia alimentaria, que serán depositados en cuentas especiales de las provincias, en cuotas bimestrales de 60 millones de pesos.

Para agilizar la transferencia de los fondos especiales, el Presidente firmó ayer un decreto de necesidad y urgencia por el cual se redistribuirán partidas presupuestarias para atender la emergencia alimentaria y recomendó a su gabinete “instrumentar lo más rápidamente posible” los programas sociales.

El decreto -que tendrá validez por un año- establece la creación de un fondo de 350 millones de pesos que serán entregados a las provincias en cuotas bimestrales de 60 millones de pesos, a partir del 31 de enero próximo.

Antes de recibir la primera cuota, que para cada provincia se establece a partir de un mix entre el 60 por ciento del índice de cooparticipación y el 40 del porcentual de pobreza, cada gobernador podrá realizar la provisión de alimentos a distribuir, ya que cuenta con la “garantía” presidencial de que los fondos serán entregados, indicaron fuentes del gobierno.

Pese a la gran expectativa que generó en las provincias la designación de “Chiche” Duhalde al frente de la cartera social, el gobierno se tomó un tiempo prudencial y trató de rediseñar una estrategia para abordar la crítica situación social antes lanzar del plan de emergencia.

De hecho, el viernes pasado la esposa del Presidente se comunicó con el secretario de Hacienda, Oscar Lamberto, a quien le pidió los 350 millones de pesos para aplicar al plan.

“Chiche pide, pide y pide” comentaron en ese momento colaboradores del titular de Hacienda, que finalmente respondió positivamente al reclamo de la primera dama.

En esta oportunidad y a diferencia de otras partidas distribuidas por el Gobierno para programas sociales provinciales, este fondo será girado a cuentas especiales en cada distrito y sólo podrán ser utilizados para compra de alimentos. Con el ánimo de “blanquear” el manejo de los fondos, el decreto establece además la firma de un convenio entre la Nación y las provincias por el cual los mandatarios se comprometen a: garantizar la modalidad de implementación (programas a los cuales se aplicarán los fondos); creación de un registro único de beneficiarios; información precisa sobre la utilización de los fondos y del proceso de contratación y compras de mercaderías.

(Télam)

Cacerolazo contra un juez de la Corte

Un centenar de personas realizó anoche un cacerolazo frente al domicilio del ministro de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Boggiano, en el barrio porteño de Recoleta, para reclamar la renuncia de todos los integrantes del máximo tribunal judicial.

Bajo el lema “Afuera jueces corruptos”, la manifestación se llevó a cabo frente al domicilio del magistrado, en la avenida Alvear a metros de Rodríguez Peña, en una de las zonas más caras de Buenos Aires.

El cacerolazo contrastó con las protestas realizadas en los últimos días, ya que fue encabezado por mujeres y hombres de posición social alta, que exigieron al Parlamento que se promueva el juicio político contra todos los integrantes de la Corte Suprema de Justicia.

Lo de anoche fue sólo un anticipo de lo que sucederá hoy, ya que los ministros de la Corte Suprema de Justicia sufrirán otro “cacerolazo”, pese a los rumores que indican que los magistrados rechazarían en contra del Gobierno al evaluar sobre la cuestión de fondo en la implementación del llamado “corralito”.

“Esas versiones no cambian en absoluto nuestra decisión de hacerles el cacerolazo, porque nuestro reclamo va por los 10 años de arbitrariedades jurídicas que venimos soportando”, dijoLuis Enrique Ramírez, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, una de las agrupaciones impulsoras de la protesta.

Ramírez también dijo que no le llama la atención que, tal como trascendió, los ministros de la Corte le hubieran planteado a los funcionarios de Economía que no estarían dispuesto a avalar el corralito.

“Es la forma de hacer política que ha tenido la Corte en los últimos años, el intercambio de favores con el poder político de turno. Y eso demuestra una vez más que la Corte no falla de acuerdo con la Constitución sino en función de intereses políticos, en este caso de los suyos propios”, añadió.

La convocatoria para la protesta es a las 17 frente al Palacio de los Tribunales, en Talcahuano 550, a donde también planean ir personas afectadas por la no pesificación de los créditos y agrupaciones como Bases para el Cambio, Autoconvocados contra la Corte Suprema de Justicia, e Iniciativa Popular.


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