Nación interviene en el conflicto del CPEM 12

La secretaría de Derechos Humanos pidió informes al ministro Gutiérrez y al titular de la cartera de Defensa

NEUQUEN (AN).- La "prevención sumarial" dispuesta en el CPEM 12 de esta capital por una clase sobre derechos humanos dictada por la profesora Estela Castañeda abrió una nueva brecha entre el gobierno nacional y el neuquino. Ayer, el jefe de gabinete de la secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Rodolfo Mattarollo, expresó su "honda preocupación" e indicó que solicitó informes al ministro de Gobierno, Oscar Cacho Gutiérrez a través de la subsecretaria de Justicia, Alicia Comelli, con quien se comunicó telefónicamente el lunes.

Mattarollo hizo un pedido similar al ministro de Defensa de la Nación, José Pampuro, pues el caso fue desencadenado por el disgusto del teniente coronel Darío Silva, cuya hija es alumna del establecimiento educativo y fue reprobada en un trabajo práctico de la cátedra a cargo de Castañeda. El funcionario nacional argumentó que "por tratarse de un oficial superior del Ejército en actividad" corresponde la intervención de esa cartera.

La intervención del organismo nacional se originó en la denuncia de organismos defensores de derechos humanos, la delegación local del MEDH, por ejemplo, y en publicaciones periodísticas, según informó Mattarollo-. Hasta ayer no tenía respuesta del go

bierno neuquino; el ministro Gutiérrez estaba fuera de la provincia con una gestión para instalar autódromos en dos ciudades (ver página 20).

El secretario de Educación, Mario Pilatti, dijo que desconocía los términos del expediente y apeló a un eufemismo administrativo: "no es técnicamente un sumario -contra la docente- sino una 'prevención sumarial', una actuación de menor gravedad". Ese recurso se utiliza en "casos como éste, cuando un padre cuestiona a un docente, y de lo que se trata es d buscar acuerdos, mediaciones".

Pilatti estimó que en tres días -el lunes a más tardar- culminará el proceso. "Si se detecta alguna irregularidad, se investigará la situación dentro de los carriles institucionales".

Mattarollo expresó la "inquietud" de la cartera que encabeza Eduardo Luis Duhalde porque, "en el fondo de la cuestión se pone en duda la veracidad de informaciones que se utilizaron" en la cátedra sobre cantidad y métodos en la desaparición de personas.

Las precisiones sobre "el universo estadístico de los casos de desaparición forzada" no es materia "opinable", y aludió a los 30 mil desaparecidos que contabilizan los organismos defensores de los derechos humanos. Indicó que los registros de la secretaría "se aproximan" a esa cifra.

El informe de la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas -Conadep o "informe Sabato"- determinó casi 9 mil hechos de desaparición forzada. Pero luego de 1984 la cartera continuó la investigación y relevó cuatro mil más, por lo cual "ahora se habla de 13 mil".

Al respecto, Pilatti dijo que "la pertinencia del tema tratado en clase nadie lo puede discutir, y no es opinable" y consideró que una "riqueza de la escuela pública" es que sea capaz de recibir en el aula al "hijo de un militante de extrema izquierda y al de un general". Por último, reiteró que "es deseable y pertinente" que en la escuela se aborde "en general la temática de los derechos humanos y en particular la de la dictadura militar".


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