El desvío de fondos de Bariloche llega a la Oficina Anticorrupción

El desvío de fondos de Bariloche llega a la Oficina Anticorrupción

La Oficina Anticorrupción analizará la situación del desvío de fondos públicos de planes de viviendas durante la gestión anterior a pedido de la Subsecretaría de Viviendas de la Nación que remitió varios expedientes similares.

En Bariloche quedaron inconclusas 870 viviendas de distintos planes y con grados de avance diferente y según se informó tiempo atrás el municipio recibió entre 45 y 50 millones de pesos para el pago de la obra que se utilizaron en gastos corrientes durante el gobierno de María Eugenia Martini.

Esa situación fue denunciada por el intendente Gustavo Gennuso al asumir su gestión y ahora el gobierno nacional remitió el caso de Bariloche, sumado a otros similares de planes habitacionales de Sierra Grande y Fernández Oro.

Las obras inconclusas, que serán reactivadas en los próximos días con un nuevo convenio entre Nación y el IPPV, incluye 375 casas en el loteo Altos del Este, que están ejecutadas en un 85% y 495 viviendas en dos sectores de la ciudad (Altos del Este y barrio El Frutillar) que tienen un avance del 15%.

Gennuso había dicho que el año pasado el gobierno nacional depositó 248 millones de pesos “para culminar las obras” y se detectó un desvío de alrededor de 50 millones de pesos.

Nación remitió a la Oficina Anticorrupción varios expedientes de planes de viviendas ejecutados por los municipios, cuestionados por su pago por encima del nivel de ejecución.

Este envío fue efectuado por la Subsecretaria de Viviendas y, entre otras, incluye obras realizadas en Sierra Grande, Fernández Oro y Bariloche, durante las gestiones municipales anteriores.

Más allá de esa revisión, el subsecretario Ivan Kerr manifestó a “Río Negro” que se priorizó la reactivación de los planes, con remesas de fondos ya enviados al IPPV, aunque puso atención en las derivaciones judiciales, recordando “cláusulas independientes convenidas con cada municipio”.

Una quincena de municipios rionegrinos habían formalizado convenios directos con Nación para la ejecución de más de 3.400 viviendas del programa Techo Digno. Durante el año pasado, esos envíos se interrumpieron y, poco a poco, las ejecuciones se paralizaron. La gestión de Mauricio Macri puso en evaluación esos contratos y sus cumplimientos, acordando finalmente con Río Negro que el IPPV cumpla con su finalización, con transferencias nacionales.

Esos envíos comenzaron recientemente. El funcionario aclaró que las unidades transferidas al IPPV totalizan 2.592 viviendas y todo el convenio representa 1.241 millones.

“Pretendíamos ejecutar este año unos 430 millones, pero los giros dependerán de las certificaciones y rendiciones”, indicó.

P- Lo ejecutado ya tiene sus problemas. ¿Se detectaron irregularidades en las auditorías?

R- Sí, hay muchas, en varios municipios, con auditorias e inspecciones. Esos expedientes ya fueron enviados a la Oficina Anticorrupción y al ministro (Rogelio Frigerio) para que tomen las acciones que correspondan. Además, esta subsecretaria inició sumarios administrativos para deslindar responsabilidades internas. Alguien ponía “correcto” y se pagaba un certificado cuando el avance físico no se correspondía con la realidad.

P- ¿Existió mucha diferencia entre lo pagado y lo ejecutado?

R- Sí, grandes diferencias. Nuestra responsabilidad ahora era activar la obra porque no se puede perjudicar a los beneficiarios. Frigerio y Weretilneck acordaron reiniciar mientras la Justicia evalúa si estaba bien o mal. Río Negro dictó una ley para dar el marco jurídico y Nación, con la Provincia, midió el estado de ejecución. También previmos una cláusula para cumplir independientemente de las acciones legales que correspondan en cada caso.

P- ¿Y la responsabilidad de las empresas?

R- No nos compete a nosotros, porque la relación contractual de las empresas era con los municipios.

P- ¿El efectivo reinicio de las obras se cumplirá en las próximas semanas?

R- Río Negro ya tiene los fondos para retomar todas estas obras, y se avanzará para terminarlas. Cuando surja que se está pagando dos veces lo mismo tendremos la obligación de hacer la denuncia para saber qué es lo que paso y, en todo caso, los intendentes tendrá que justificar qué ocurrió.

P- ¿Todas las viviendas financiadas por Nación en Río Negro tendrán intermediación del IPPV?

R- Algunos municipios grandes podrán ejecutar directamente y, de hecho, todos los piden, pero tendrán que tener capacidad para hacerlo. Lo que heredamos es una prueba de que los municipios chicos no pueden gestionar proyectos de esta envergadura. Hay que respetar el federalismo. No se puede hacer una gestión única entre Nación e intendentes, pasando por arriba a la Provincia. Además, el instituto recibe fondos nacionales directos, a través del Fonavi, y puede poner esos fondos y financiar la continuidad hasta que salga, por ejemplo, la redeterminación de precios.

“Alguien ponía ‘correcto’ y se pagaba un certificado cuando el avance físico no se correspondía con la realidad”.

Iván Kerr, subsecretario de Viviendas de la Nación.

Inyección de $ 30 millones para reactivar

Nación dio vía libre al municipio de Sierra Grande para que retome la obra inconclusa tras la rescisión del contrato con la empresa que construía 40 casas. Ese plan quedó paralizado luego que el intendente Nelson Iribarren rescindió el contrato con la empresa que las construía porque había detectado varias falencias y por eso llevó un expediente a la Justicia.

El delegado del Ministerio del Interior en Río Negro, Juan Martín, adelantó a “Río Negro”, que ya está aprobada la no objeción técnica para la continuidad de las viviendas y que Nación enviará 30 millones.

Días atrás el intendente Iribarren recibió el certificado de la no objeción por parte de la Dirección de Vivienda y Hábitat de nación y ahora deberá llamar a una licitación.