Nación pedirá 1.200 millones para refinanciar deudas provinciales

El gobierno nacional solicitará un préstamo de 1.200 millones de pesos a bancos locales para formar un fondo fiduciario destinado a ayudar a las provincias a financiar sus pasivos, a cambio de ajustar las cuentas de los distritos más críticos.

No obstante, ese fondo no se utilizará para financiar nuevamente en iguales condiciones a todas las provincias, sino que evaluará a cada distrito.

En el caso específico de Río Negro, el ministro de Economía José Luis Rodríguez había anticipado a este diario que la refinanciación con la Nación gira en torno de 150 millones, que es la amortización de la deuda que debe abonar este año la provincia. El acuerdo podría firmarse a fines de enero o la primera semana de febrero, según dijo en su momento.

También el secretario de Relación con las Provincias, Wálter Ceballos, había opinado la semana pasada en una entrevista con «Río Negro» que había que refinanciar las deudas provinciales «pues muchas no pueden pagar y hay que encontrar una solución».

Incluso había anticipado que en el caso de aquellas como Río Negro, con la coparticipación comprometida, se analizaba la emisión de bonos.

Ayer el ministro de Economía, José Luis Machinea, hizo el anuncio de la emisión del bono al retirarse de la Casa Rosada donde se reunió con el presidente Fernando de la Rúa para informarle sobre su viaje a los Estados Unidos, donde presentó el plan económico ante los inversores internacionales y el Fondo Monetario Internacional.

Para acceder a las mejores condiciones del nuevo financiamiento que puede ofrecer la Nación, las provincias deberán cumplir con algunos puntos que le exigirá el Ministerio de Economía, de acuerdo con lo pactado en el compromiso federal firmado antes de asumir De la Rúa.

Entre las exigencias que podría demandarle el Palacio de Hacienda a las provincias más comprometidas por su endeudamiento figuran la sanción de una ley de solvencia fiscal con las mismas características de acotamiento del déficit fiscal que tiene la legislación nacional y el ajuste del gasto público.

Descomprimir tensiones

La iniciativa forma parte de un plan del gobierno para descomprimir la tensión creada en varias provincias por los abultados déficit fiscales que atraviesan, y que tiene como objetivo central el saneamiento de las cuentas provinciales.

Además, en el gobierno se analiza la refinanciación de las deudas que tienen las provincias y las cajas de jubilación. El ministro del interior Federico Storani recordó que la Nación «ayuda con la reestructuración de las deudas, que fueron contraidas a plazos muy cortos y tasas muy altas, pero como contrapartida se pide monitoreo, transparencia y recorte de gastos superfluos».

Entre las provincias que se encuentran más comprometidas financieramente Storani enumeró a Corrientes, «que todavía está en terapia intensiva»; La Rioja, a la que le quitaron un aporte de 250 millones de dólares asegurados por la administración Menem; Jujuy, Tucumán, Formosa y Tierra del Fuego.

Por su parte, el gobernador de Formosa Gildo Insfrán rechazó ayer la presión del FMI sobre las provincias y se quejó airosamente. «La Nación necesita fondearse este año por 17 mil millones mientras que las provincias necesitan 2.000 millones; ¿por qué cargar tanto las tintas sobre las provincias?», dijo.

Además, afirmó que «si no hay una solución en conjunto que tenga en cuenta la problemática de las economías regionales es difícil pensar en un país con equidad social y solidaridad».

Insfrán se reunió ayer con el secretario de Programación Económica y Regional Miguel Bein para pedir ayuda en el refinanciamiento de la deuda formoseña de 812 millones de dólares. A cambio, se comprometió a lograr en un plazo de 4 años el equilibrio presupuestario, aunque se negó rotundamente a reducir la planta de empleados públicos.

Por su parte, el ministro del Interior Federico Storani señaló la necesidad de «establecer un convenio entre la Nación y las provincias para ir unificando las normas de retribuciones salariales en la función pública». Storani apuntó que «curiosamente las provincias que están en mayor emergencia tienen altísimos niveles salariales que no son coherentes con la situación de crisis que viven».

También los riojanos respondieron airadamente al veto presupuestario que decidió el Poder Ejecutivo sobre los 250 millones de pesos firmados como ayuda adicional por el ex presidente Carlos Menem.

El gobernador riojano Angel Maza afirmó que debido al recorte no podrá pagar los salarios a la mitad de los empleados públicos provinciales.

Pero Machinea salió al cruce y dijo que la poda efectiva que sufrirá La Rioja es de menos de 100 millones de pesos. «Lo que vamos a transferir este año a La Rioja es menos de 250 millones, pero de ninguna manera es cero; es alguna cifra entre 145 y 250 millones de pesos».

Por otra parte, la ministra de Desarrollo Social y Medio Ambiente, Graciela Fernández Meijide, aseguró que se mantendrá vigente la ayuda social para los pobladores más desprotegidos de la provincia. «A todos aquellos que hoy están recibiendo asistencia social y lo necesitan, y a los que pudieran necesitarla, les damos la tranquilidad de que vamos a trabajar para que no se corte en ningún momento», afirmó. (Infosic, DyN y Télam)

Juicios contra el Estado

Buenos Aires.- El gobierno quiere suspender por 180 días la ejecución de las sentencias judiciales que condenaron al Estado nacional a pagar deudas con proveedores, ex empleados o jubilaciones mal liquidadas, dentro del proyecto de emergencia fiscal, confirmó el diputado radical Horacio Pernasetti.

Esto apunta directamente al pago de los juicios que los militares ganaron al Estado por suplementos que se les descontaron del sueldo durante la gestión al frente del ministerio de Economía de Domingo Cavallo.

En Economía calcularon que las deudas del Estado acumuladas durante los últimos años rondan los cuatro mil millones de pesos. Pernasetti aclaró que ese monto corresponde a las sentencias firmes en juicios por reajuste salariales iniciados por los militares retirados.

La decisión de suspender las ejecuciones fue dispuesta por las «grandes dificultades que tiene el Estado» para responder a las demandas.

Unos 7.000 millones de déficit en 1999

BUENOS AIRES.- Las cuentas del Tesoro de 1999 terminaron con un déficit de 6.880,7 millones de dólares, lo que implica un desvío de 1.780 millones respecto de la meta pactada con el FMI, según se informó ayer oficialmente.

En diciembre, al flamante gobierno las cuentas realmente se les desbordaron: el déficit fue de 1.237,9 millones de dólares, lo que implica un crecimiento del 79,1% respecto de los 691,1 millones del mismo mes del año pasado.

Para financiar los organismos de Seguridad Social se destinaron 812,3 millones de dólares, unos 376,5 millones más que en diciembre anterior.

Si se considera exclusivamente los resultados del Tesoro, el rojo fue de 1.130,1 millones, a lo hay que sumarle unos 107,8 millones más por el desequilibrio de las cajas previsionales provinciales.

En el mismo mes del año pasado, el organismo tenía un déficit de 582,2 millones, más los 108,9 millones de las cajas provinciales. El exagerado desborde resultó de la combinación de una caída en los ingresos tributarios por 158,8 millones y un crecimiento del gasto por 407,6 millones, siempre comparado con el mismo mes del año pasado.

El aumento en los desembolsos tuvo varias razones, como es un mayor pago en los intereses de la deuda por 155,9 millones y de transferencias a la Ansíes, por 376,5 millones. De acuerdo a un comunicado del Ministerio de Economía, la baja en los recursos resultó de las mayores devoluciones a exportadores y reintegros de IVA liquidados en diciembre.

También incidió una caída en los recursos aduaneros percibidos por el Tesoro. (DyN)