Nada es gratis
Ya no hay argumentos sin explorar ni cartas que echar a la mesa. Del resultado de esta mano dependerá que los sanmartinenses enfrenten o no un sacudón del 40% en la actual tarifa de agua y saneamiento. Después de mucho andar, el municipio y las autoridades de la Cooperativa de Agua Potable presentaron a la Subsecretaría de Ingresos Públicos de la Provincia los datos necesarios para justificar el pedido de un subsidio, que permita licuar o al menos morigerar los costos de la incorporación de las nuevas plantas de tratamiento de efluentes de la ciudad. Se trata de la PT3, que permitirá la conexión de numerosas barriadas sacando de servicios a las –olorosas, en ocasiones de canícula– piletas de la Vega, y de la ampliación de la planta Lácar que duplicará su capacidad. Esos emprendimientos demandaron una inversión cercana a 90 millones de pesos financiados por el gobierno federal, y ya están listos. La única razón de que no estén operativos es que aún resta determinar quién cargará con el costo de funcionamiento, estimado en unos 400.000 pesos mensuales más para la Cooperativa. Como ya se anticipó desde esta misma columna en junio pasado, ese salto quebraría en pocos meses las finanzas del concesionario y prestador del servicio. De hecho, esas cuentas ya están hoy comprometidas por el paso desacompasado entre la evolución de los costos –algunos en dólares– y el ajuste de las tarifas, las cuales sólo pueden actualizarse con la aprobación del Concejo Deliberante de la ciudad. Los intentos para convencer al gobierno provincial de la necesidad de su auxilio en este asunto llevan meses de “ardorosas negociaciones”, como las definió el propio intendente municipal, Juan Fernández. El subsecretario Alejandro Monteiro pidió durante la última reunión una suerte de información radiográfica de la cooperativa, para alimentar lo que se presume será la decisión final. La idea desde San Martín sigue siendo la misma que este cronista anticipó en otras entregas: subsidiar el insumo eléctrico –principal componente del costo de la cooperativa– y los químicos necesarios para el procedimiento. El argumento municipal, que es a la vez razonamiento y reproche, dice que la ciudad no recibe subsidio alguno para sostener su servicio de agua y saneamiento, cuando otras localidades sí lo tienen. Incluso, especulan, San Martín cobra al usuario un valor alto en términos relativos respecto de otras ciudades, precisamente porque no subsidia la tarifa y los consumos son medidos. Con razón municipal o sin ella, la provincia es convidada a poner plata, una invitación que de seguro no le hace gracia si se asume el déficit que ya proyecta en su Presupuesto. Sigue en pie lo también ya dicho desde estas líneas. La solución saldría de una mixtura de responsabilidades, aunque se agregó en las últimas horas un dato nuevo: la eventual temporalidad de la ayuda provincial. Se trata del compromiso local de liberar del subsidio a la provincia en unos dos años, conforme se incorporen nuevas conexiones al saneamiento que permitan mejorar la ecuación de los costos cooperativos. Aun con esa “zanahoria” bien intencionada, de seguro la provincia pedirá la revisión de la tarifa, con la incorporación de al menos un porcentaje del costo del nuevo tratamiento de efluentes a transferir al vecino, sin perjuicio de las actualizaciones inflacionarias que aprueben los concejales por cuerda separada. Como se indicó, si hoy hubiera que trasladar el costo liso del saneamiento con las nuevas plantas, la tarifa actual acusaría un “bolsillazo” del 40%, políticamente muy difícil de hacer pasar y digerir. Bueno, es posible que los esfuerzos en marcha eviten ese cimbronazo, pero convendría a los vecinos hacerse a la idea de que las mejoras de la calidad de vida y el cuidado del ambiente no son gratuitos. Ni siquiera baratos.
La semana en San Martín
Fernando Bravo rionegro@smandes.com.ar
Ya no hay argumentos sin explorar ni cartas que echar a la mesa. Del resultado de esta mano dependerá que los sanmartinenses enfrenten o no un sacudón del 40% en la actual tarifa de agua y saneamiento. Después de mucho andar, el municipio y las autoridades de la Cooperativa de Agua Potable presentaron a la Subsecretaría de Ingresos Públicos de la Provincia los datos necesarios para justificar el pedido de un subsidio, que permita licuar o al menos morigerar los costos de la incorporación de las nuevas plantas de tratamiento de efluentes de la ciudad. Se trata de la PT3, que permitirá la conexión de numerosas barriadas sacando de servicios a las –olorosas, en ocasiones de canícula– piletas de la Vega, y de la ampliación de la planta Lácar que duplicará su capacidad. Esos emprendimientos demandaron una inversión cercana a 90 millones de pesos financiados por el gobierno federal, y ya están listos. La única razón de que no estén operativos es que aún resta determinar quién cargará con el costo de funcionamiento, estimado en unos 400.000 pesos mensuales más para la Cooperativa. Como ya se anticipó desde esta misma columna en junio pasado, ese salto quebraría en pocos meses las finanzas del concesionario y prestador del servicio. De hecho, esas cuentas ya están hoy comprometidas por el paso desacompasado entre la evolución de los costos –algunos en dólares– y el ajuste de las tarifas, las cuales sólo pueden actualizarse con la aprobación del Concejo Deliberante de la ciudad. Los intentos para convencer al gobierno provincial de la necesidad de su auxilio en este asunto llevan meses de “ardorosas negociaciones”, como las definió el propio intendente municipal, Juan Fernández. El subsecretario Alejandro Monteiro pidió durante la última reunión una suerte de información radiográfica de la cooperativa, para alimentar lo que se presume será la decisión final. La idea desde San Martín sigue siendo la misma que este cronista anticipó en otras entregas: subsidiar el insumo eléctrico –principal componente del costo de la cooperativa– y los químicos necesarios para el procedimiento. El argumento municipal, que es a la vez razonamiento y reproche, dice que la ciudad no recibe subsidio alguno para sostener su servicio de agua y saneamiento, cuando otras localidades sí lo tienen. Incluso, especulan, San Martín cobra al usuario un valor alto en términos relativos respecto de otras ciudades, precisamente porque no subsidia la tarifa y los consumos son medidos. Con razón municipal o sin ella, la provincia es convidada a poner plata, una invitación que de seguro no le hace gracia si se asume el déficit que ya proyecta en su Presupuesto. Sigue en pie lo también ya dicho desde estas líneas. La solución saldría de una mixtura de responsabilidades, aunque se agregó en las últimas horas un dato nuevo: la eventual temporalidad de la ayuda provincial. Se trata del compromiso local de liberar del subsidio a la provincia en unos dos años, conforme se incorporen nuevas conexiones al saneamiento que permitan mejorar la ecuación de los costos cooperativos. Aun con esa “zanahoria” bien intencionada, de seguro la provincia pedirá la revisión de la tarifa, con la incorporación de al menos un porcentaje del costo del nuevo tratamiento de efluentes a transferir al vecino, sin perjuicio de las actualizaciones inflacionarias que aprueben los concejales por cuerda separada. Como se indicó, si hoy hubiera que trasladar el costo liso del saneamiento con las nuevas plantas, la tarifa actual acusaría un “bolsillazo” del 40%, políticamente muy difícil de hacer pasar y digerir. Bueno, es posible que los esfuerzos en marcha eviten ese cimbronazo, pero convendría a los vecinos hacerse a la idea de que las mejoras de la calidad de vida y el cuidado del ambiente no son gratuitos. Ni siquiera baratos.
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