Nadie investiga un faltante de 700.000 pesos

VIEDMA (AV).- El faltante de 700 mil pesos de la polémica operación de las regalías hidroeléctricas de Río Negro en 1996 aún no tiene investigación sobre responsabilidades gubernamentales. A 16 meses de formalizada la irregularidad, la Fiscalía de Investigaciones Administración no hizo todavía nada sobre las diferencias detectadas entre el monto pactado y lo ingresado a las arcas provinciales por esa venta realizada por la gestión de Pablo Verani.

En principio sólo queda esta instancia administrativa, después de que la justicia rionegrina -el año pasado- determinó la prescripción de la causa penal abierta por las pérdidas que esa cesión había originado al Estado provincial. Esta investigación determinó inicialmente que el juez Juan Bernardi procesara al ex ministro Horacio Jouliá, gestor de esa venta de regalías hidroeléctricas a un privado.

Por su parte, el fiscal de Investigaciones Administrativas, Pablo Berraz no hizo nada desde diciembre del 2003 cuando el Tribunal de Cuentas -que justificó la operación en sí por el «estado de necesidad económica» de Río Negro- pidió que investigara sobre «existentes gastos significativos sin ningún tipo control ni autorización».

El monto en cuestión equivale a casi 700 mil pesos (o dólares de esa época) y se corresponden con pagos de servicios privados que no pudo demostrarse que se realizaron o descuentos para cancelar impuestos en la provincia cuyo depósito en Rentas no fueron detectados.

La responsabilidad central de aquella operación recayó en el hoy ex gobernador Pablo Verani y el ex ministro Jouliá.

La justicia -en primera instancia- consideró la existencia de irregularidades pero después, en la apelación, la Cámara en lo Criminal se inclinó por la prescripción penal.

En lo administrativo, el Tribunal de Cuentas consideró sobre fines del 2003 que la venta anticipada de las regalías hidroeléctricas fue una «transacción absolutamente diferente a la que pueda realizarse con un banco».

Pese a su justificación de la operación general, ese órgano de control «cambia sustancialmente la opinión» en relación con que el ingreso del 17 de mayo de 1996 a la arcas públicas «fue de 7.301.517,72 pesos, que no coincide con el monto pactado de la operación, que era de 8.000.000 pesos».

Por la documentación existente, el dictamen del Tribunal recuerda que Jouliá «había instruido a Energy Risk para retener y abonar directamente del precio convenido» diferentes importes, que totalizan 698.482,28 pesos.

Los pagos se distribuyen en 240 mil pesos para la consultora CIS SA (Corporación Internacional de Servicios SA), 389 mil pesos por «retenciones por impuesto a las Ganancias e Ingresos Brutos proyectados», y 69.481,39 pesos «al escribano Eduardo Giorgi por la protocolización de los diversos instrumentos privados».

El Tribunal entendió que el fiscal debía investigar este faltante porque se trata de «gastos significativos por contrataciones directas de servicios realizadas sin cumplir ningún trámite de ley y que no fueron autorizadas en ningún momento, o conformidad con liquidaciones impositivas sin intervención o dictamen de ningún organismo competente provincial».

Algunas conclusiones administrativas quedaron para la Fiscalía, pero ya se sabe que ni la investigación judicial ni la legislativa detectaron el informe por el cual se abonaron 240 mil pesos o dólares a la consultora CIS. Tampoco se demostró el pago impositivo en Río Negro aunque existió una retención por 389 mil pesos para Ingresos Brutos.

Notas asociadas: Nadie investiga un faltante de 700.000 pesos Precisiones sobre la causa  

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