Negocian contrato con Patagonia Gráfica



VIEDMA (AV)- Patagonia Gráfica inició una renegociación del contrato con el gobierno provincial, a fin de buscar que se retome la exclusividad de los trabajos de imprenta del Estado rionegrino. A su vez, la actual conducción evalúa presentar una denuncia penal por el presunto vaciamiento de esa empresa privada. Fue conformada en la década pasada con ex empleados desvinculados del Boletín Oficial, dentro del ajuste provocado en la admistración pública.

Las conversaciones llevan varios meses ya, aunque el gobierno provincial mantiene la decisión de que continúen prestando servicios tercerizados. Cuando se cayó el contrato en marzo pasado, se decidió volver a discutir, desechando la reincorporación de 17 integrantes de la sociedad anónima, al staff de empleados públicos.

Aún así, se les quitó la responsabilidad de editar el Boletín Oficial en forma transitoria hasta que puedan reconvertir Patagonia Gráfica, sumida en un gran desorden administrativo. En este compás de espera también perdieron la exclusividad de los trabajos.

Como primera medida se le pidió a la empresa normalizar la situación contable y jurídica debiendo comenzar por la publicación de viejos edictos, que desnudan -con el retraso- los graves problemas de organización interna que estuvo atravesando.

Por caso, la Inspectoría General de Personas Jurídicas ordenó recientemente que se formalice la difusión en el Boletín Oficial de una asamblea del 2000, en la que se definió el aumento de capital a 170.000 pesos.

Estaba pendiente además la publicación del entonces directorio presidido por Gladys Schneider y "debíamos deslindar de responsabilidades" a la actual conducción ejercida por Patricio Calvo que debe reorganizar la empresa, según comentó a "Río Negro" la titular del organismo de control, Natalia Bordón. En el interregno, se desempeñó como referente Ricardo Frican. Profesionales de esta capital tomaron a su cargo las tareas de asesoramiento destinadas a realizar los balances de los últimos ejercicios en virtud de que se deben separar el patrimonio de la empresa y los bienes que 10 años atrás entregó en comodato el Estado.


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