«Negocitos»

A dos semanas de abandonar el gobierno, Sobisch se las ha ingeniado una vez más para colocarse en el primer plano del escenario. Esta semana ha sorprendido a todo el mundo sacando de la galera un supuesto incumplimiento del contrato de inversiones por parte de Repsol YPF y amenaza con hacer caer la millonaria prórroga de la concesión del yacimiento Loma de la Lata. Un verdadero terremoto.

La secretaría de Energía de Neuquén sostiene que una auditoría de Daniel Montamat, cuya consultora está contratada por el gobierno de la provincia, detectó que la empresa sólo invirtió 3.077 millones de dólares de los 3.500 comprometidos para los primeros cinco años del contrato.

La empresa española niega la acusación y sostiene, por el contrario, que ha sobreinvertido, ya que inyectó 3.700 millones de dólares. Eso, a pesar de que sus ganancias en el mercado del gas fueron pesificadas en el 2002.

Aunque las empresas multinacionales no pueden ser tenidas por angelicales su propósito evidente es el lucro y no la beneficencia y la española que se quedó con YPF no tiene por qué ser la excepción, cuesta creer que un gobernante que definió a esa misma empresa como su «aliada estratégica», confundiendo sin pudor su papel de circunstancial administrador de los bienes del Estado con sus sorprendentes ambiciones personales, se convierta de la noche a la mañana en un adalid de los intereses públicos.

Creerle cuesta mucho más si se tiene en cuenta que en los más de seis años que lleva de ejecución el contrato, no ha existido ninguna señal por parte de su gobierno que permitiera inferir que se venía incumpliendo el contrato de inversiones. Todo lo contrario, el gobierno siempre puso de manifiesto el cumplimiento en exceso de las obligaciones de la firma.

Más insólito aún es que esta sorpresiva denuncia se produzca a sólo 18 días de la culminación del actual mandato y luego de que el gobernador le prometiera en más de una oportunidad, a los ejecutivos de Repsol y de las restantes empresas del sector, la renovación de todas las concesiones.

¿Por qué el gobierno esperó hasta el sexto año de ejecución del contrato y la anteúltima semana de su gestión para denunciar a Repsol YPF?

¿Acaso Sobisch estaba dispuesto a llevar, como un elemento de presión, el presunto incumplimiento a la mesa de negociaciones de la prórroga?

Desde hace ya unos meses, las empresas petroleras han dejado trascender que, ante la relevancia de la renovación y la proximidad del final del mandato, lo aconsejable era esperar la instalación del nuevo gobierno para encarar las negociaciones.

En los últimos meses, cuando ha sido consultado sobre el tema, Jorge Sapag se ha inclinado por idéntica salida. Ello a pesar de las reiteradas declaraciones en favor de la renovación inmediata por parte de Sobisch y sus colaboradores.

No obstante, hace aproximadamente un mes se produjo, a instancias del actual gobierno, un encuentro de Sobisch con los ejecutivos de las petroleras al que fue invitado Sapag. El tema trascendió por esta columna y ahora fue confirmado por un vocero de Repsol. En esa oportunidad Sobisch no sólo no habló de incumplimientos, sino que trató de embretar a su sucesor en una apresurada renegociación. La idea fue rechazada por Sapag, provocando las iras de su antiguo socio, quien le hizo pasar un mal rato a los empresarios al ventilar en sus narices entretelones non sanctos del oficialismo, como el verdadero motivo del adelantamiento de las elecciones.

El gobernador electo y su equipo han guardado silencio sobre la última, temeraria, jugada de Sobisch, pero se ha podido saber que están muy preocupados. En primer lugar porque los plazos administrativos que prevé la ley de Hidrocarburos para que la empresa haga su descargo exceden el brevísimo lapso de tiempo que le queda al actual gobierno. Así las cosas, el tema caerá inevitablemente en manos del próximo gobernador, como «un problema más» en la larga lista que incluye el déficit presupuestario, la deuda pública, el desfasaje financiero, el conflicto de los docentes, el desmadre de Salud y el hambre atrasado de viviendas, entre otras delicias.

Para el entorno de Sapag, éste es un problema «de consecuencias imprevisibles», como «pleitos millonarios en dólares» y hasta «un eventual derrumbe de las acciones de YPF» .

Por si hiciera falta, el magnate gremial de los petroleros Guillermo Pereyra, circunstancialmente enfrentado con Sobisch y aliado al futuro gobierno, acaba de echar un poco más de luz sobre este sospechoso intento de defender los intereses de la provincia. En una solicitada que aparece hoy en este diario, Pereyra describe la maniobra de Sobisch como algo «muy sugestivo y poco creíble», y desnuda los presuntos móviles: embarrar la cancha a la empresa y al próximo gobernador, como represalia por haberse negado a negociar con él la prórroga de los contratos.

«No permitiremos que la frustración consecuente de no poder hacer un 'último negocito' deje a miles de familias en la calle», dice el sutil Pereyra, advirtiendo de paso sobre las consecuencias de este descalabro para «1.500 puestos de trabajo».

El líder petrolero debe saber por qué lo dice, pero quien habla de «otro» es porque sabe o sospecha que existieron más «negocitos». Es imposible a esta altura, hasta para el lector más desprevenido, no recordar que en el 2000, cuando se renovó el contrato de Loma de la Lata, el gobernador eximió a la petrolera del pago de más de 100 millones de dólares en concepto de impuesto de Sellos. Para hacerlo, no consultó a la Legislatura y mantuvo la decisión en secreto hasta que este diario la dio a conocer.

Así vistas las cosas por los propios protagonistas, más que una salida ordenada lo que Sobisch está dejando tras de sí es algo parecido a lo que deja un ejército cuando se retira de un territorio ocupado: tierra arrasada y minada.

Bien visto, lo de Sobisch abreva en una vieja idea autoritaria: «Lo que no es para mí que no sea para nadie». El problema es que el petróleo es de todos los neuquinos y a ellos les gustaría saber si Repsol incumplió o no con sus obligaciones. Si lo hizo, debe pagar las consecuencias. Pero debe ser a través de un mecanismo transparente. Lo contrario, un escenario donde los gobernantes están dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de concretar un «negocito», es terreno fértil para que los intereses de la sociedad queden a merced de cualquiera.

HÉCTOR MAURIÑO

vasco@rionegro.com.ar