Neoliberalismo vs. democracia

Los mercados financieros desempeñarán cada vez más el papel de gendarmes. Los políticos deben comprender que, desde ahora, están bajo el poder de los mercados financieros». Cuando Hans Tietmayer, en su condición de presidente del Bundesbank -el Banco Central alemán-, pronunció estas cínicas frases hace muchos años no podía imaginar que su premonición se materializaría más adelante en una sufrida república del Cono Sur de América. Cuando un gobierno democrático, en virtud de una exigencia del Fondo Monetario Internacional, se ve en la necesidad de violentar su programa político e incluso el texto mismo de la Constitución para modificar la legislación previsional, la denominada «dictadura de los mercados» se hace explícita y la democracia cruje. Ese predominio de los intereses financieros sobre los intereses del resto de la sociedad es justamente lo que se ha dado en denominar neoliberalismo.

El neoliberalismo surgió en 1979, cuando un equipo monetarista, encabezado por Paul Volker, asumió la dirección de la Reserva Federal en Estados Unidos. Desde ese momento, las reglas que regulaban la economía mundial fueron sutilmente modificadas. En ese año se reunieron en Tokio los cinco países más industrializados del mundo y decidieron afrontar la crisis provocada por el encarecimiento del petróleo con una estrategia distinta. A partir de entonces el ataque contra la inflación se convirtió en la prioridad absoluta de las políticas públicas y se adoptaron políticas ortodoxas de rigor monetario y rigor presupuestario. Esa reunión del G5 supone una ruptura con las políticas de inspiración keynesiana que había prevalecido desde la II Guerra Mundial y que habían hecho de los objetivos de crecimiento y pleno empleo la prioridad de las políticas públicas hasta ese momento.

Las políticas de liberalización y desregulación financiera que se implementaron desde entonces permiten un cambio en la relación de fuerzas. La desregulación de los mercados financieros facilita la movilidad del capital financiero y desde entonces los titulares de fondos prestables tuvieron un abanico más amplio de colocaciones alternativas. Por consiguiente se dirigieron a las plazas más atractivas, atendiendo a condiciones de rentabilidad y riesgo y amenazaron con marcharse cuando esas condiciones se perdían. Esa gran volatilidad del capital transnacional propició la acumulación de un inmenso poder de extorsión en manos de los mercados financieros. Emergió así un nuevo factor de poder político, lo que ha dado en llamarse «la tiranía de los mercados».

Uno de los bocados más apetecidos por el capital financiero es el del ahorro previsional. El sistema de pensiones y jubilaciones constituye una columna fundamental del Estado del bienestar. La privatización del sistema supone transferir una considerable porción del ahorro público para dejarla en manos del capital financiero privado. Las dificultades provocadas por esa transferencia al sector privado es una de las causas que han alimentado el actual déficit público. El sistema privado supone, en una perspectiva de filosofía social, la ruptura del pacto intergeneracional y la desaparición de los mecanismos de redistribución de renta, puesto que establece una relación directamente proporcional entre la prestación y la correspondiente cotización individual. Por otra parte, se considera que los fondos de pensiones se pueden convertir en un mecanismo más de fuga de capital y de pérdida del ahorro interior.

Al tratarse de una cuestión de tanta relevancia social, el art. 14 bis del actual texto constitucional dispuso que «el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social que tendrá el carácter de integral e irrenunciable». En la «Guía de Políticas», la Alianza reconocía la necesidad de «lograr un justo equilibrio entre el régimen solidario intergeneracional en manos del Estado y la capacidad de ahorro de los trabajadores» y se comprometía a «defender y jerarquizar el componente solidario estatal del régimen mixto expresado hoy en la PBU» y «permitir que los afiliados a las AFJP puedan optar por el régimen estatal».

Cuando un gobierno se apresta, con alevosía, nocturnidad y escalamiento, a asesinar su propio programa político, e incluso ignorar el mandato constitucional y lo hace solícito, «en 48 horas», ante los requerimientos del gran auditor del capital financiero internacional, el contrato democrático institucional se resquebraja y la imagen internacional del país se desmorona. «La Argentina se ha convertido en una suerte de nación fantasma que apenas puede sobrevivir por sí misma, encaminada irremediablemente a ser gobernada fuera de sus fronteras». Es la opinión que se refleja en la prensa internacional -en este caso el diario español «El Mundo»- que descarnadamente añade: «La Argentina es, ahora mismo, como un niño recién nacido, que necesita constante ayuda de sus padres (en este caso el inflexible Fondo Monetario Internacional). Cuando parece que el niño ya puede empezar a andar con soltura, tropieza una y otra vez en la misma piedra, en los mismos errores de siempre».