Neuquén aspira a tener un servicio penitenciario propio

NEUQUEN – El gobierno provincial encontró un crítico panorama en las cárceles. Muchos detenidos sin sentencia firme, alojados en unidades con capacidad colmada, sin cupos para definir el traslado al Servicio Penitenciario Federal -con el que se mantenía una deuda de cinco meses- y personal sin capacitación específica para manejar presos. Para colmo, del otro lado de las rejas se vive una situación potencialmente explosiva, por la mezcla de esperanza e incertidumbre que activó el indulto generalizado dispuesto la administración anterior.

En otro plano, no hay continuidad entre el trabajo del gabinete que diagnostica la condición psicológica y conducta de los internos con el que hace los seguimientos una vez que obtienen la libertad. Y durante su período de encierro, los condenados casi no reciben asistencia ni tienen actividades para realizar o aprender.

Expresiones visibles del difícil panorama fueron las fugas de dos condenados por homicidio, que habían sido alojados en comisarías sin capacidad para contenerlos. Ninguno fue todavía recapturado.

Para ordenar el sistema, la administración Sobisch sueña con concretar un proyecto cuyas bases intentó sentar en el anterior período de gobierno: la creación de un Servicio Penitenciario Provincial que concentre toda la atención relativa al tratamiento de los presos con condena.

Mientras ese proyecto de largo aliento se concreta, busca otras soluciones. Así, se gestionó ante el gobierno nacional el traspaso de por lo menos 40 condenados a la Prisión Regional del Sur, la U9 ubicada en el centro de esta capital.

Cada preso que está alojado allí le cuesta a la provincia 20 pesos por día. Actualmente hay alrededor de 80, es decir que si el convenio se firma la cifra se elevaría a 120 y significaría un gasto de 864.000 pesos anuales para Neuquén.

Pero el ministro de Gobierno, Jorge Gorosito, considera que el gasto que ocasionan los presos no es materia de discusión. «Es una obligación constitucional, no veo quién puede cuestionarla». Y la subsecretaria de Seguridad, Alicia Comelli, completa: «hay que tener en cuenta que esa persona que esta detenida luego vuelve a la sociedad. Todo lo que se haga para resocializarla parte de esa realidad. En nuestro país no hay pena de muerte ni prisión de por vida».

Pero la salida que ofrece la U9 puede ser temporaria. El Plan Rector en materia carcelaria elaborado por el gobierno nacional de Carlos Menem había contemplado desmantelarla, entre otros motivos por su alto costo de mantenimiento. Nadie sabe con certeza si se mantendrá o será revisado, y en qué términos.

«Si eso se produce nos acelera los tiempos a nosotros, que tenemos planificado construir una cárcel para condenados dentro de la provincia», explicó Comelli.

Un problema aparte es que los presos no quieren ingresar al Servicio Penitenciario, porque implica la amenaza continua de ser trasladados a otras unidades en cualquier parte del país. Prueba de ello es que el jueves, dos internos de la U9 tomaron a guardias como rehenes y exigieron su traslado a un penal provincial.

Gorosito dice que se pueden contemplar algunas situaciones, pero que los presos deben asumir que el gobierno es el que dispone su lugar de alojamiento. La polémica por los traslados fuera de la provincia no es menor, y hay defensores oficiales que han planteado que el Tribunal Superior de Justicia comete una seria infracción al permitirlos.

Otra salida a corto plazo es la inauguración de nuevos pabellones en las Alcaidía 11, del Parque Industrial, las de Zapala y Junín. Diferencias entre la empresa constructora y el gobierno anterior dejaron la obra paralizada cuando le faltaba apenas 4 por ciento para ser terminada.

El actual Poder Ejecutivo decidió entonces anticipar la recepción de los trabajos y completarlos contratando a otra constructora.

Si bien Comelli recordó que las alcaidías son para procesados y no para condenados, tienen condiciones de seguridad mucho más estrictas que una comisaría y servirán para descomprimir la situación en aquellas unidades que no están preparadas para albergar a condenados peligrosos.

Pero la habilitación de los nuevos pabellones demanda de 160 policías para que custodien a los presos que allí estén alojados. Es decir, 160 hombres menos para dedicarlos a la prevención y persecución del delito.

«Hay que optimizar los recursos», dice resignado Gorosito, quien reconoce que la frazada es corta para tapar todo al mismo tiempo.

El presupuesto no es, por ahora, una traba para poner en marcha el Servicio Penitenciario Provincial. Este año tendrá una partida pequeña destinada a la planificación, y a partir del 2001 se verá cuánta inversión demanda.

Porque el SPP implica, como mínimo, infraestructura (nuevas cárceles, esta vez para condenados, con requisitos muy específicos), más personal con capacitación dirigida al manejo de presos, psicólogos, médicos, asistentes sociales que los atiendan durante su internación y a partir del momento que obtienen la libertad condicional.

Pero en el gobierno creen que el proyecto es viable.

Mientras, indultos, evasiones y motines han quitado a los funcionarios más tiempo del que creían en su primer mes de gestión. Gorosito reconoce que «cuando pensaba en el ministerio de Gobierno no contemplaba que este área me demandaría tanta dedicación».

A Comelli le sucedió algo parecido, sobre todo la mañana en que llegó a su oficina y se encontró apilados sobre el escritorio los 119 pedidos de rebaja de condena que le remitió el defensor oficial Gustavo Vitale.

Aumento incesante en la cantidad de personas detenidas

Ladrones y homicidas conforman más del 70 por ciento de la población penal de la provincia. Del total de detenidos, menos del 40 por ciento espera un juicio oral o que su sentencia quede firme (ver gráficos).

La cifra de procesados no es tan mala si se la compara con la de otros estados provinciales y mejora aún en el cotejo con otros países latinoamericanos. Pero para el gobierno provincial sigue siendo alta.

Al 28 de diciembre pasado -las estadísticas cambian día a día- había en la provincia 169 procesados. Algunos todavía aguardan que se realice el juicio oral y otros ya fueron condenados pero están a la espera de que se resuelva su apelación.

«El cuello de botella está ahora en el Tribunal Superior de Justicia, que debe resolver muchas casaciones», explicó la subsecretaria de Seguridad, Alicia Comelli.

Cuando el detenido ya tiene su condena firme se puede pensar en su traslado a una cárcel federal. Aunque la U9, único penal de esas características asentado en territorio neuquino, tiene sus requisitos. Uno de ellos es que el sujeto en cuestión haya sido condenado a más de 5 años de prisión.

La cantidad de detenidos observa un crecimiento sostenido en el tiempo, y nada indica que la curva vaya a declinar.

De acuerdo con estadísticas oficiales de Policía en poder del gobierno, a mediados de 1993 había 205 detenidos. Pero ya eran 290 a fines del mismo año, y en 1996 ya alcanzaron los 371.

La barrera de los 400 se superó en 1997, y la de 500 detenidos en el '99 cuando se registró el pico más alto del período analizado: en setiembre de ese año se llegó a 565. Después bajó hasta alcanzar los 466 contabilizados en los últimos días del año.

La relación condenados-procesados también tuvo variaciones significativas. En el 93 había 75 por ciento de procesados contra 25 de condenados, y en 1996 la proporción era 63 a 37.

La relación recién se revirtió a fines del '97, cuando los condenados pasaron a ser el 60 por ciento de los detenidos. Esto habla de mayor celeridad en el trabajo judicial.

El bautismo de fuego

Las nuevas autoridades tuvieron su bautismo de fuego en materia de prevención con los operativos montados en ocasión de los festejos por el campeonato de fútbol, Navidad y Año Nuevo. Y quedaron conformes con los resultados.

«El objetivo fue prevenir, no reprimir. Y se demostró que es posible controlar concentraciones en el centro de la ciudad sin llegar a métodos violentos», dijo el ministro de Gobierno, Jorge Gorosito, en alusión al trabajo realizado en esas ocasiones.

Esos operativos estuvieron comandados por los integrantes de la Plana Mayor de la policía. «En Navidad, el subjefe se ubicó en su despacho a las 9 de la noche y permaneció hasta el otro día. En Año Nuevo le tocó al jefe. Ese es un mensaje que llega muy fuerte al personal subalterno que está en la calle», remarcó. «Sabe que su jefe se está 'chupando' la guardia, lejos de la familia, igual que él».

En el festejo riverplatense las pedradas llovieron sobre los efectivos, algunos resultaron lesionados, pero no hubo represión. La tarea la comandó en la calle el superintendente de Seguridad, Carlos Olivera, considerado un «duro» aunque Gorosito prefiere llamarlo «profesionalismo».

«No es fácil, ante provocaciones y agresiones directas, no recurrir a la represión. Porque una cosa es dirigir desde la oficina y otra estar parado en medio del tumulto recibiendo las pedradas», destacó Gorosito. «Hubo personal que pidió autorización para reprimir, pero nada menos que Olivera, que es muy profesional, les dijo no».

«Hay otra mentalidad para encarar las cosas, hay objetivos claros», señaló el ministro.