Neuquén recupera su poder de decisión

Por Jorge Gorosito (*)

Por Jorge Gorosito (*)

En los últimos meses, mucho se ha escrito y dicho sobre el convenio que para extender la concesión del área Sierra Barrosa-Loma de la Lata suscribieran los gobiernos de la provincia del Neuquén y el Estado Nacional con Repsol-YPF.

Ya sea para cuestionarlo o para defenderlo, se ha producido un debate por momentos esclarecedor, por momentos farragoso, que contribuyó a que este tema estuviera instalado en la opinión pública. Pero en mi modesta opinión, una de las aristas no mereció el espacio necesario para su análisis: el tiempo y la oportunidad en que se produce este hecho de tanta gravitación.

No hay decisión alguna que se adopte en un escenario aséptico; como tampoco existen decisiones asépticas. Basta recordar, a modo de ejemplo, las razones que impulsaron la reacción de la Planta Industrial de Agua Pesada. Al decidir el desarrollo de un plan nuclear, en la segunda mitad de los «50, las autoridades debieron elegir las tecnologías a utilizar. Una posibilidad era la del uranio enriquecido; la otra, uranio natural.

La primera alternativa estaba vedada por el estricto control que ejercían las grandes potencias sobre esta técnica. Buscar el camino por propio esfuerzo, hubieran demandando demasiado tiempo. Quedaba entonces una sola vía para lograr el desarrollo nuclear argentino: la del uranio natural. Y con esta determinación, llegaría con el tiempo la necesidad de cerrar el ciclo con la construcción de una planta de agua pesada que produjera el elemento refrigerante necesario para las ocho centrales que -en esos años-, se preveía construir antes del 2000.

Ese fue el contexto sobre el que se tomó una decisión política. Que como se ve, no era neutral. Como tampoco lo fue el escenario que existía al momento de decidir la construcción de los grandes complejos hidroeléctricos en nuestra región; o la central de Yacyretá.

Lo que deseo resaltar es que al momento de tomar una definición sobre un hecho en particular (sea un plan económico, la privatización de una empresa estatal o la construcción de una obra), existe un escenario que hay que tener en cuenta a la hora del análisis.

Y en el caso particular de la firma del convenio entre Neuquén y Repsol-YPF, debemos considerar especialmente el contexto que se nos presentaba por delante.

Quienes tenemos responsabilidades de gobierno debemos trabajar sobre el presente, atendiendo las necesidades de la población y construyendo -mediante acciones concretas y planificadas-, las bases de un futuro mejor.

Recordemos la situación social de Neuquén al 10 de diciembre de 1999. Teníamos un 18 por ciento de desocupación; 40.000 personas que no tenían trabajo. Y la subocupación alcanzaba al 20 por ciento. Teníamos al 38 por ciento de la población económicamente activa de la provincia con graves problemas de empleo.

¿Qué respuesta se podía encarar desde un Estado que tenía un déficit anual de 200 millones de pesos y una deuda de 600 millones de pesos?

Los problemas ya existían y necesitaban una respuesta urgente. No dentro de 17 años.

En esas condiciones, un gobierno tiene dos opciones: limitarse a administrar la crisis, colocando parches aquí y allá y rogando que la crisis no le estalle en las manos en cualquier momento (como ocurrió durante la anterior gestión); o proponerse una transformación estructural que modifique radicalmente la situación.

La administración que encabeza Jorge Sobisch eligió la segunda alternativa a a sabiendas de las resistencias que encontraría, pero entiendo que era la única posible.

La gestión de gobierno se concentró entonces en tres grandes ejes:

a) Una acción social sostenida, destinada a dar contención a los sectores marginados del sistema laboral;

b) una reforma del Estado que -aunque resta profundizar-, estableció prioridades y redujo el gasto;

c) una apuesta al crecimiento de la economía provincial atrayendo inversiones externas que generasen empleo.

Son tres líneas de trabajo apostando al futuro; por sí solas, serían remedios puntuales que no atenderían la totalidad de la situación.

Volvemos al tema de los escenarios que no son neutrales: ¿hacia dónde direccionar una política de radicación de capitales? ¿Cuáles son las ventajas comparativas de Neuquén? Contamos con un subsuelo generoso en hidrocarburos líquidos y gaseosos; un territorio de paisajes únicos para la explotación turística. Uno, con la capacidad de movilizar enormes recursos materiales y humanos en forma inmediata; otro, con una gran potencialidad futura.

En el área hidrocarburífera, el concesionario más importante es Repsol-YPF. Una empresa que venía reduciendo su esquema de inversiones de modo significativo, al punto que en los últimos años fue de 200 millones de dólares. De este modo, la empresa se aseguraba el ritmo de extracción pero no creaba nuevas fuentes de trabajo.

Por otra parte, debe quedar claro que el contrato firmado por el gobierno nacional con YPF estableció una concesión por 25 años más una opción por 10 años más. A la que puede aspirar con el cumplimiento de dos condiciones: un compromiso de inversiones mínimas, y que la solicitud se realice con un mínimo de seis meses.

Eso significa que mientras la empresa concesionaria cumpla con los compromisos, el yacimiento no se puede licitar. Se podría tomar la decisión de no extender la prórroga y realizar una nueva licitación en el 2017, pero las condiciones ya no serían las mismas. El valor de un yacimiento se define a partir de las reservas comprobables; reservas que estarán en función de las inversiones que se realicen en exploración e infraestructura.

Se calcula que estas inversiones tienen un plazo de amortización de 20 años. En el panorama que tenemos por delante, se caerían y llegaríamos al 2017 con un yacimiento disminuido en su valor; con la necesidad de esperar a que un futuro concesionario realice las tareas para su puesta en valor. Y habiendo perdido una gran oportunidad para comenzar a redefinir ese futuro.

Este fue el escenario en el que se resolvió esta negociación. El resultado para Neuquén fue:

• Inversiones por 8.000 millones de pesos, de los cuales 3.500 millones se aplicarán en los primeros cinco años;

• aportes de 52 millones de pesos para asegurar le mantenimiento de la PIAP durante los próximos cuatro años;

• el compromiso para la forestación de 5.000 hectáreas (superficie similar a la forestada en los últimos 30 años);

•• apoyo financiero para los emprendimientos de la antigua YPF por 30 millones de pesos;

• la búsqueda de inversionistas interesados en desarrollar actividades relacionadas en el área de explotación (petroquímica);

•el apoyo para la búsqueda de créditos internacionales a una tasa de interés menor que las que se pagan en el mercado nacional.

A modo de conclusión

La negociación que realizó el gobierno provincial con Repsol-YPF, y que terminó de cerrar la Nación durante el viaje que el presidente Fernando de la Rúa efectuó por España, tiene además un valor simbólico. En primer lugar, porque se trata de la primera provincia argentina que asume una decisión de esta naturaleza, tratando de igual a igual con una de las empresas más importantes del mundo y obteniendo claras ventajas para el desarrollo de Neuquén.

Segundo, porque significa la plena vigencia del federalismo consagrado en la Constitución Nacional.

Y tercero, porque sienta las bases del crecimiento económico de la provincia.

Todo esto se vio reflejado en la alegría y la esperanza que expresaban las caras de miles de neuquinos que festejaron en toda la provincia la firma de este convenio.

Calificar de necio a este festejo es calificarlos de necios a ellos. Quienes ejercemos nuestro accionar político desde una fuerza que se asienta sobre las clases populares no podemos aceptar silenciosamente esa descalificación.

(*) Ministro de Gobierno, Educación y Justicia de Neuquén.


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