En seis años pidieron diez amparos por la contaminación de los ríos

En los últimos 6 años la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Neuquén presentó 22 acciones judiciales por temas ambientales, de los cuales diez fueron por vertidos cloacales y contaminación en canales y vías públicas de la capital.

La última acción de la defensoría por contaminación fue un amparo iniciado en marzo de 2018 por vertido de líquidos cloacales en calle Crouzeilles y Lago Viedma, en el barrio Valentina Norte Rural.

En 2016 impulsó el organismo otras medidas judiciales. Una de ellas fue por el cese de escurrimiento superficial de aguas servidas en barrio Mutual Banco Provincia, entre Pérez Novella y Atreuco. Se promovió otro amparo por la misma razón en el barrio La Sirena. Ese mismo año se llevó a cabo un amparo colectivo ambiental por un vertido de un líquido aparentemente contaminante en la zona de los clubes.

Agregaron que en 2016 se presentó un amparo por falta de obras en la zona ribereña del Limay que ocasionan la falta de seguridad en el sector ante eventuales crecidas “generando a la vez estancamientos y lagunas con alto grado de contaminación”.

En 2015 solicitaron la remediación ambiental del Arroyo Durán, al detectarse el vertido de líquidos cloacales mediante conexiones clandestinas y afectaciones al talud del arroyo en distinta secciones. En aquella oportunidad se demandó ante el Juzgado Civil N° 4 a la Municipalidad y a la Provincia.

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Desde el organismo señalaron que en esta presentación por el arroyo Durán la provincia adujo que hay una obra prevista para solucionar el problema, con un proyecto ejecutivo, pero resta lograr su financiamiento.

En 2014 se accionó un amparo por contaminación del canal Necochea, sector Héroes de Malvinas. La defensoría comentó que el EPAS y la Municipalidad cumplieron con la medida cautelar, pero en marzo de este año volvieron a observarse derrames cloacales por lo que se denunció nuevamente.

También en 2014 se inició una medida para remediar el canal 12 de septiembre, entre Bejarano y Saavedra, afectado por desbordes cloacales. Una acción similar promovió el organismo en 2013 por la presencia de agua estancada y en descomposición en barrio Ruca Che, donde las obras para remediar la deficiencia finalizaron en octubre de ese año.

Otro amparo fue en 2012 por contaminación contra la municipalidad y EPAS debido a la presencia de agua estancada y en descomposición que corría por calle Huechulafquen, donde en 2013 el Juzgado Nº 4 obligó al municipio a ejecutar los trabajos en un plazo de 180 días para evitar el daño ambiental y recomponer el suelo degradado.

Sumaron que sin judicializar se logró un acuerdo ambiental ante los derrames cloacales en los barrios centro este y centro sur, en julio de 2013. Allí el EPAS se comprometió a realizar acciones inmediatas para sanear el sector, hasta tanto se ejecute la obra denominada Colectora Cloacal Máxima.

Medida cautelar en las plantas de tratamiento

Otra acción contra la contaminación del Limay llegó a través del diputado del Frente Neuquino, Mariano Mansilla junto al concejal Francisco Baggio que presentaron una medida cautelar para lograr una intervención judicial en las tres plantas de tratamiento cloacal que hay en la ciudad para que haya un veedor y se impida que se arroje líquidos sin tratar de manera clandestina, sobre todo en horarios nocturnos.

“Es necesario que haya un Veedor de prefectura y de la justicia federal en cada planta para que controlen que no se sigan vertiendo los líquidos cloacales a nuestros ríos”, sostuvo Mansilla.

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La presentación de la acción judicial fue tras conocerse el informe de prefectura nacional basado en 36 muestras en distintos puntos del Limay. Uno de los valores marca que a la salida de la Planta Tronador hay 35.000 coliformes de bacteria fecal, superando 75 veces el límite permitido.

Baggió indicó que a la salida del arroyo Durán se observó 80 veces más de lo permitido de bacterias contaminantes. Manifestó que la mala noticia “son los resultados que arrojó las pericias” pero destacó que valores “inapelables” considerando el organismo que los realizó.

Las pericias de prefectura se realizaron en el marco del amparo que presentaron los legisladores el año pasado ante la justicia Federal.

“La AIC Y EPAS publicaban informes con números que no alarmaban, pero nos mintieron. Este nuevo informe de prefectura demuestra que la contaminación es 50 veces más de lo permitido”, expresó el diputado provincial.