Rechazan en Neuquén el ajuste a las asignaciones familiares
El vicegobernador Figueroa, la diputada del MPN Alma Sapag y el diputado por Unidad Ciudadana Darío Martínez repudiaron el decreto del presidente Mauricio Macri. La iniciativa fue anunciada ayer y se aplicaría a partir de septiembre.
Diversos bloques de la oposición se manifestaron contra el decreto lanzado ayer por el gobierno nacional que modificará el régimen de asignaciones familiares a partir de septiembre.
El decreto 702/2018 no solo eleva el piso y baja el techo para cobrar las asignaciones, sino que también quita el beneficio para la zona patagónica que duplicaba el monto general por hijo.
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Ante este escenario el vicegobernador de la ciudad de Neuquén, Rolando Figueroa sostuvo que “hay que acentuar la defensa de los intereses de los neuquinos frente a un gobierno nacional que es cada vez más centralista y que toma medidas que evidencian una clara falta sensibilidad social y visión política”.
Agregó que el gobierno nacional cumple con “el ajuste pedido por el FMI. Primero lo intentaron con la subvención al suministro del gas que perciben los hogares patagónicos y ahora por esta conquista de los trabajadores”. Y remarcó que la medida “excluye y empuja a la pobreza”.
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La diputada nacional por el MPN, Alma Sapag, también criticó la medida y dijo que no coincide “con los funcionarios nacionales que sostienen que ya no hay diferencias importantes entre los ingresos y el costo de vida de las distintas zonas del país”. Además expresó que lamenta que “se pongan en duda las inclemencias climáticas, que no se reconozcan las grandes distancias y la baja densidad poblacional”.
A través de las redes sociales, el diputado nacional por Unidad Ciudadana, Darío Martínez anticipó que junto a otros diputados “vamos a presentar la derogación del Decreto y una Ley que establezca el derecho de los patagónicos a percibir asignaciones familiares más altas que en Buenos Aires”.
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Por medio de un comunicado las Agrupaciones Peronistas Zapala manifestaron que “ante una afectación directa a más de 300 mil niños, y familias que viven con este aporte para sobrevivir a este modelo de expulsión y entrega, nos sumamos a las iniciativas nacionales de nuestros diputados que piden derogarlo y generar como alternativa su incremento”.
Río Negro:
La senadora nacional de Río Negro, Magdalena Odarda dijo que con este decreto, “el gobierno eliminó directamente la diferencia por zona, recortando los recursos de los trabajadores para seguir beneficiando a los grandes polos de siembra y la minería contaminante”.
Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Río Negro, el secretario general Rodolfo Aguiar acusó al gobierno de castigar a “dos de los sectores más vulnerables de la sociedad que son los niños y los jubilados. Es una medida inconstitucional y discriminatoria”.
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