No cesa la polémica por el impuesto Inmobiliario

NEUQUEN (AN).- El subsecretario de Finanzas de la provincia, Marcelo Raimondo, afirmó ayer que el 50% de las construcciones de Villa La Angostura y San Martín de los Andes no está declarado, y que por lo tanto sus propietarios no pagan el impuesto Inmobiliario por la cantidad real de metros cuadrados de superficie construida en ambas localidades.

Raimondo trazó el panorama en medio de cuestionamientos a los intendentes Hugo Panessi y Jorge Carro, ya con el rechazo de un pedido de inconstitucionalidad presentado por ambos en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Dijo que los jefes comunales le están retaceando información sobre los registros catastrales, y que por eso el gobierno hizo una denuncia penal por incumplimiento de funciones.

La resolución judicial fue duramente cuestionada por Carro, que acusó a los funcionarios, Jorge Sobisch incluido, de estar cometiendo «un robo».

El secretario de Economía de Villa La Angostura, Pablo Danguise, consideró el pro

ceso como un ensañamiento del gobierno provincial contra su localidad .

El fallo del TSJ, que trascendió el lunes a última hora, hizo humo las aspiraciones de los dos jefes comunales, que buscaban dejar sin efecto el artículo 7 de la ley 2.495, que delegó el cobro del Inmobiliario a las comunas que accedieran a administrarlo.

Por este artículo, el gobierno queda facultado a descontar todos los meses la doceava parte del valor de emisión anual del impuesto, para destinarlo a la masa de fondos que redistribuye en las comunas, si hasta el 30 de noviembre los intendentes y la provincia no acordaban un nuevo régimen de coparticipación.

En una rueda de prensa en el ministerio de Hacienda, Raimondo dijo que en «una revisión de inmuebles efectuada por la dirección de Catastro y Rentas de la provincia» se constató que «más del 50% de las construcciones no está declarado».

Hizo trascender el dato mientras afirmaba que «manteniendo las valuaciones fiscales irrisorias que se manejan en los dos municipios, están subsidiando el im

puesto que no pagan los que deberían pagar».

«La mitad de lo construido -hoteles, casas, cabañas, complejos de turismo- no está declarado, esa es la gravedad de la situación», dijo.

Antes había dado detalles de los descuentos establecidos en la ley. Raimondo afirmó que desde el mes pasado a San Martín de los Andes se le están descontando unos 250.000 pesos mensuales; en el caso de Villa La Angostura, son 156.000. Por coparticipación la primera de las ciudades recibió 12,5 millones en el 2004, y la segunda percibió 4,1 millones.

Pasarían este año a 14,8 y 4,1 millones de pesos, respectivamente.

Los dos intendentes alertaron sobre la posibilidad de caer en cesación de pagos por las quitas, que fue el motivo de su presentación en la Justicia. Raimondo dijo que con lo que las dos comunas terminarán recaudando en 2005 no deberían tener inconvenientes «a no ser que tengan problemas administrativos».

En su resolución, el TSJ consideró, sobre la solicitud de inconstitucionalidad de la norma, que «se patentiza la dificultad de resolver a favor de la pretensión» de los intendentes «en tanto es imposible determinar con el grado de verosimilitud requerida, en esta instancia inicial, si las disposiciones cuestionadas lesionan el texto constitucional» o si bien pueden ser acogidas «en el marco de una interpretación integral de sus preceptos y en salvaguarda del interés fiscal comprometido».

El rechazo a la medida cautelar para que se suspendan las quitas fue argumentado «en el entendimiento (de) que no se ha logrado demostrar el grado requerido en esta instancia, la vulneración (…) de las normas constitucionales mencionadas, requiriéndose un examen integral del tema que resulta impracticable».