'No habrá revanchismo ni impunidad para nadie'

A 21 días de la desaparición de Jorge Julio López y ante la ola de amenazas que se desató tras ella, el Gobierno ratificó ayer que no habrá «revanchismos» ni «impunidad para nadie», advirtió que «la verdad, la Justicia y la memoria no se negocian» y lanzó un programa nacional de protección a testigos de juicios por crímenes de la dictadura.

La declaración se hizo durante una sesión extraordinaria del Consejo Federal de Derechos Humanos de la Argentina, donde se dispuso lanzar una red de contención a testigos de juicios a represores y garantizarles protección desde el Estado.

«El terrorismo de Estado aún sobrevive en sombras en nuestra patria, por eso aquí hay una voluntad colectiva para transmitirle a la sociedad que el Estado nacional y las provincias están acompañando hasta el final a los querellantes y testigos de estos juicios», aseguró el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, frente a la prensa.

El funcionario oficializó la iniciativa tras la firma de un documento con los representantes de las provincias y la Capital Federal, que busca coordinar las acciones, mientras sigue generando interrogantes la ausencia de López desde hace 21 días.

López (77) es un sobreviviente de la dictadura que declaró contra el represor Miguel Etchecolatz en el primer juicio abierto por aquellos crímenes tras la anulación de las leyes del perdón, y desapareció 24 horas antes de que se le impusiera la reclusión perpetua al ex policía.

Ayer, el gobernador bonaerense, Felipe Solá, reiteró que «no hay ninguna novedad» aunque la policía insistía en rastrillar la zona platense de Los Hornos, donde López fue visto por última vez el 18 de setiembre pasado, y la familia se esperanzaba en que el ex albañil «está extraviado».

La desaparición desató una serie de amenazas a funcionarios judiciales que investigan aquellas causas y, frente a ello, el Gobierno convocó a sesionar al Consejo Federal de Derechos Humanos, en una reunión extraordinaria de la que participaron el ministro de Justicia, Alberto Iribarne; Duhalde y responsables de esa área de las provincias y organismos no gubernamentales.

Iribarne sostuvo que «la democracia se fortalece cuando simultáneamente se lucha contra la impunidad, sin revanchismo, y se promueve la vigencia del Estado de Derecho».

El presidente del tribunal federal platense que condenó a reclusión perpetua al ex represor Miguel Etchecolatz, Carlos Rozanski, sostuvo ayer que las amenazas recibidas por él y otros jueces no frenarán la continuidad de los juicios por delitos durante la dictadura y reafirmó que que ese juzgamiento «no es negociable».

El magistrado destacó que deben investigarse las intimidaciones recibidas mediante cartas firmadas por un supuesto Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo, pero «lo que pase, la investigación, no puede poner en riesgo la continuidad de los juicios». «Los juicios no pueden depender de las amenazas o algo peor, los juicios tienen que ver con la historia, con 30 años de historia y eso no es negociable», precisó. (Télam)