No paran los contratos en el Estado neuquino

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Jorge Gadano jagadano@yahoo.com.ar

Este diario publicó en abril del 2010 un informe titulado “la locación de servicios encubre contratos laborales”. El texto aludía a la administración pública neuquina y no mereció respuesta alguna. Muy por el contrario, la incorporación de nuevo personal al aparato del Estado se acentuó y perfeccionó usando, amén de la locación de servicios y los nombramientos en la denominada “planta política”, el sistema de “practicas rentadas”. Los contratos son a plazo fijo, pero lo habitual es que se renueven a su vencimiento. Los nombramientos en la planta política vencen con el mandato del gobernador que los firma. Naturalmente, continúan si el mandatario es reelecto, y muchas veces aunque no lo sea si, como sucede en Neuquén desde hace casi medio siglo, es del mismo partido. El artículo 4 de la ley de contrato de trabajo número 20744 establece que “constituye trabajo, a los fines de esta ley, toda actividad lícita que se preste a favor de quien tiene la facultad de dirigirla, mediante una remuneración”. Aunque el contrato sea con un organismo del Estado, no deja de ser un contrato laboral y es ilegal si se lo somete a normas del derecho civil. Por cierto que también desconoce normas de las constituciones nacional y provincial que protegen –o intentan proteger– los derechos de los trabajadores. El decreto 2004, de noviembre del 2008, firmado por el gobernador Sapag y refrendado por todos sus ministros, prohibió a los organismos públicos la contratación de servicios que se presten a título personal, y dejó sin efecto la totalidad de las autorizaciones de renovación automática o prórrogas previstas en los contratos de locación de servicios personales. En la fundamentación de esas y otras medidas el decreto hablaba de la necesidad de compatibilizar la ejecución presupuestaria con la ejecución de ingresos –que subsiste– y que era preciso “impulsar acciones de racionalización administrativa y contención de gastos que posibiliten el total equilibrio entre gastos y recursos”. A pesar de que ninguno de esos objetivos ha sido logrado, las prohibiciones del decreto 2004 duraron poco. Los contratos reaparecieron, primero con una cláusula que los presentaba como excepción a lo ordenado por el decreto, que posteriormente desapareció. Los contratos en cuestión abundan en el boletín oficial de la provincia. Al azar, y solo con una lectura de rutina, aparecieron seis renovaciones “bajo la modalidad de locación de servicios” para la dirección de Catastro. El decreto que los aprueba está fechado en febrero de este año, y el contrato establece, contrariando principios del derecho elementales porque viola normas de orden público y por lo tanto irrenunciables, que la relación establecida entre las partes “no es de empleo público ni laboral”. El decreto 253, del 23 de febrero, es un nombramiento en planta política, para cubrir una vacante en la jefatura de un departamento. Habría una primera objeción, como es la de que no se alcanza a ver por qué la jefatura de un departamento está en la planta política. Por lo demás, no parece del todo “política” la función que cumple el departamento que, según el decreto, se ocupa del “Metabolismo y Acondicionamiento Corporal” (tampoco parece imprescindible). Otro decreto de la misma fecha, que renueva cinco contratos, con un plazo de nacimiento retroactivo al 1 de enero de 2011 y vencimiento al 31 de diciembre del mismo año, fue solicitado por el Fiscal de Estado Raúl Gaitán. Del monto mensual, que asciende a 26.200 pesos, se lleva más de la mitad, 15.000 pesos, el abogado Edgardo Oscar Scotti. La misión de Scotti, vital para la provincia, consiste en representarla ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ha sido contratado en forma directa porque, de acuerdo a lo preceptuado por el artículo 64, apartado 2, inciso h), de la ley 2141, no existe en toda la República Argentina otro abogado con aptitudes para el delicado ejercicio de esa función. Hay más. De la secretaría de Estado de la Gestión Pública y Contrataciones, a cargo del ingeniero, primo y precandidato a intendente de la ciudad de Neuquén Rodolfo Laffitte, surge la iniciativa de contratar a dos señoritas para que trabajen, bajo el régimen de prácticas rentadas, en la Oficina Provincial de Tecnologías de la Información y la Comunicación. Lo singular de estos contratos, también y como todos directos y sin concurso, es que se originan en una secretaría que, como su nombre lo indica, se ocupa del control de la calidad en la gestión del sector público.