No rindieron tres millones de pesos en planes laborales

VIEDMA (AV)- La utilización injustificada de los fondos para los programas laborales de Río Negro ya supera los tres millones de pesos, según la ampliación de la denuncia realizada por el fiscal de Investigaciones Administrativas, Pablo Berraz.

El pago a beneficiarios del Programa de Empleo Rionegrino (PER) derivó a fines de abril en una presentación penal por las irregulares rendiciones de los años 2001 y 2002.

En los últimos días, el fiscal Berraz amplió aquella denuncia y cuantificó en más de tres millones la diferencia entre los ingresos al programa y los beneficios pagados, con rendición.

Entre las nuevas documentaciones elevadas al juez penal Pe-dro Funes, figura el testimonio de un joven que se presentó espontáneamente en la Fiscalía para denunciar su inclusión en el padrón, pero que nunca cobró aporte del mencionado Programa, ni tampo-co había solicitado ese beneficio.

Este testimonio se incorporó a la causa penal que, ciertamente, aún se mantiene con escasa movilidad por las diferencias procesales entre Berraz y el fiscal penal Ricardo Falca. (ver recuadro)

Recientemente, el fiscal Berraz remitió a Funes una auditoría de la aplicación d los PER en el 2001 y 2002, concluyendo que los ingresos al programa que manejaba Trabajo sumaron 9,3 millones (con 3,7 millones de Lecop) mientras que los egresos por pagos a beneficiarios rondaron los 6,2 millones.

La auditoría remitida a Funes consigna un monto de 3,16 millones como diferencia y que está pendiente de justificación. El órgano de control sólo registró las rendiciones regulares. Ocurre que existen diferencias notables de firmas entre las mismas personas, o también «beneficiarios» que otorgan conformidad con la impresión digital aunque después figuran firmando.

Por otra parte, la Fiscalía tiene pendientes de investigación los programas de beneficiarios de 2003 y nada indicaría otra realidad.

Por caso, el denunciante que aseguró no cobrar figuraba en los listados de mayo, junio y julio del año pasado.

Los períodos en análisis en la justicia corresponden a la gestión en Trabajo de la actual legisladora provincial Ana Piccinini. Fue la ex secretaria quien abrió la investigación, por un desvío de fondos de un empleado de una cuenta de los PER.

Otras irregularidades

Pero un mayor requerimiento de documentación por parte del ex fiscal de Investigaciones, Carlos Malaspina, permitió ampliar la revisión administrativa del otorgamiento de los progra-mas laborales en los últimos años.

En abril, Berraz elevó finalmente la denuncia penal por irregularidades en el manejo de esos recursos públicos. La presentación no avanza en determinar responsabilidades, pero transcribe testimonios de los dos responsables administrativos, An-gel Poggi y Francisca Miran, y de otras empleadas, como Mercedes Malaspina y Norma Calvo. También hace mención a la existencia de una cuenta de Fondos de Terceros bajo la firma de Piccinini, Daniel González y Angel Poggi, y después -según la presentación- se incorporó a Jorge Amaro.

En esa presentación, Berraz entendió -como mínimo- que existió una actitud «manifiestamente negligente» de los funcionarios de Trabajo.

Además, solicitó que se investigue patrimonialmente a todas «las personas vinculadas al trámite administrativo de los programas laborales».

Conflictos en la Justicia

La investigación penal no logró todavía un buen ritmo judicial. Según fuen-tes de ese Poder, el fiscal Ricardo Falca cuestionó la formulación de la elevación penal de su par administrativo, Pablo Berraz y entonces no avanzó en su requerimiento de investigación al juez Pedro Funes. Por eso, el magistrado solicitó al titular del órgano de control que precise los delitos y los hechos para investigar.

Berraz respondió a esa solicitud del juez, con la auditoría de los años 2001 y 2002, el testimonio del joven incluido en los beneficios que nunca cobró, y otras documentales.

Aun así, Falca no estaría conforme y, por consiguiente el requerimiento de investigación lo limitó a la reciente denuncia del beneficiario incorporado que no percibió aportes del PER. Ese hecho corresponde al año 2003, por lo cual la auditoría de Berraz de los dos años anteriores -que advierte una diferencia superior a 3 millones entre lo ingresado y lo rendido- todavía no tendrá revisión penal.

El Programa de Empleo Rionegrino se conformó después de la suspensión de parte de Nación de apor-tes a planes laborales, que alcanzó en el 2001 a unos 6.000 beneficiarios mensuales y más de seis millones anuales. En el 2002, Río Negro repartió algo más de 1,2 millón. (AV)