No sabe / no contesta

La selección de un profesional del derecho para que se desempeñe en el cargo de juez, en nuestra provincia, se lleva a cabo dentro de un proceso que sigue el Consejo de la Magistratura. Esta metodología cuenta, por un lado, con el estudio de los títulos y antecedentes personales de los postulantes y, en un segundo paso, los consejeros mantienen una entrevista personal con los pretensores del cargo. En la Segunda Circunscripción Judicial (se extiende desde Allen hasta Río Colorado y cuenta con juzgados en General Roca, Villa Regina y Choele Choel), el Colegio de Abogados local examina mediante un examen escrito a los candidatos que se quieran someter a él. Este no es obligatorio puesto que no está reglamentado por el Consejo sino que, junto con otros ítems, sirve para que los representantes del Colegio emitan su voto en la reunión plenaria del Consejo de la Magistratura.

Sin profundizar respecto de la severidad que tienen los medios de selección empleados, la reflexión que pretenden dejar estas líneas se inclina hacia otra cuestión: qué antecedentes y cualidades personales se valoran cuando se analiza la capacidad de los diversos candidatos.

Generalmente, el análisis de los antecedentes se vincula con los conocimientos adquiridos sólo en la materia para la cual se postula (para ello se meritúa la trayectoria laboral, la obtención de títulos de posgrado, la realización de cursos, la participación en congresos, las publicaciones, etc.). La deficiencia de esta evaluación está dada en que se dejan de lado materias que, no obstante no ser las que rigen el fuero al que se va a dedicar el concursante, también tienen que ser de su conocimiento. Nos referimos al conocimiento sobre aquellas cuestiones que forman parte de todos los casos judiciales, dentro de los que se encuentran, prioritariamente, el derecho constitucional y los derechos humanos.

En el caso del ex juez de Villa Regina, se observa que las mayores críticas efectuadas contra el magistrado versan sobre el desconocimiento habido en estas dos materias. Por un lado, la falta de respeto de las garantías constitucionales ante la violación del debido proceso y de la defensa en juicio y, por el otro, al no cumplir con los recaudos reglados por la Convención sobre los Derechos del Niño (uno de los instrumentos internacionales jerarquizados por la Constitución Nacional desde la reforma de 1994).

Entonces, la pregunta «del millón» es: ¿no es menester que el Consejo de la Magistratura tome conocimiento, con carácter previo a la designación, sobre qué es lo que sabe el candidato a juez sobre los derechos constitucionales y sobre los derechos humanos?

Es importante tomar conciencia de que estamos frente a materias transversales y es por ello que corresponde exigir, a todos los candidatos por igual, que demuestren acabados conocimientos en estas cuestiones. Además, no sólo compete a los miembros del Poder Judicial, sino también a los profesionales que ejercen libremente la profesión, nexo obligado para que los justiciables tengan acceso a reclamar sus derechos ante los tribunales. Todo esto nos indica que resulta menester que esta concientización comience desde las primeras etapas de formación de los abogados (aspecto que aún no está reflejado en los programas universitarios) para que se puedan ver sus frutos en forma de administrar justicia.

Cabe agregar a este comentario otra perspectiva que es indebidamente minimizada: conocer la vocación democrática que tienen los futuros magistrados. Esta cuestión, que tomó relevancia pública unos meses atrás cuando la Cámara de Diputados de la Nación se negó a aceptar el juramento al electo diputado Luis Patti, puso sobre el tapete un factor que, sin duda, es igualmente aplicable para el caso de los jueces.

Como corolario no resta más que destacar que no hay que «dar por hecho» que se saben ciertas cuestiones que, a priori, parecen obvias sino que es mejor preguntar, ya que es preferible ponerse colorado una vez y no rojo para toda la vida.

MOIRA REVSIN (Abogada).

Especial para «Río Negro»