No saben cómo proveer de agua a Rincón de Emilio

La Justicia ordenó al EPAS y al municipio urgentes acciones para dotar del servicio a los vecinos del sector.

Yamil Regules

NEUQUÉN (AN).- En un fallo que puede ser apelado, juzgado civil 4, de María Eugenia Grimau, ordenó al municipio y al gobierno provincial que garanticen el servicio de agua potable y el tratamiento de efluentes al barrio Rincón de Emilio, pero pasados los primeros cinco días del plazo de diez que otorgó la jueza, es una incógnita cómo se abordará la resolución del caso. Tomó por sorpresa a los funcionarios, que resolver un problema de arrastre, originado cuando, luego de que una cooperativa barrial se hiciera cargo en forma exitosa durante los primeros años, tanto del servicio de agua potable como de las cloacas colapsaron debido a la conexión masiva de nuevas viviendas. Desde el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), el presidente Nelson Damiani incluso confirmó que, si bien conoció la noticia por la publicó “Río Negro”, el fallo aún no fue girado al organismo. Aclaró que “el tema de Rincón de Emilio lo manejaba el municipio” y que ahora deberán evaluar el método para solucionar el problema que originó la demanda de los vecinos. “Rincón de Emilio siempre fue independiente. Ahora veremos que hacemos. El lunes buscaremos si damos con el fallo para ver cómo avanzamos”, se excusó. En la municipalidad, que también fue señalado como responsable de garantizar el servicio, tampoco hay certezas de cómo se abordará el problema. Desde Obras Públicas, Guillermo Monzani explicó que ya se estaba trabajando por el sistema de cloacas -en realidad, para la conexión de la red barrial a una nueva planta de tratamiento que construirá el gobierno provincial con fondos nacionales- pero que, por el momento y al menos en su área no hay proyectos para el agua potable. Mal funcionamiento El problema en Rincón de Emilio, en lo técnico, se originó por el mal funcionamiento de la planta de tratamiento. Al arrojarse al río residuos cloacales sin procesar, se terminó contaminado la costa y el agua que las bombas toman para el consumo.

Una magistrada dio diez días de plazo para iniciar las tareas. Ya se cumplieron cinco.


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