«No» unánime a Bussi en comisión de Diputados

BUENOS AIRES (DyN).- Tras cuatro meses de análisis los legisladores de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos de la Cámara de Diputados emitió ayer un dictamen aconsejando a la Cámara Baja «rechazar el diploma del diputado electo por la provincia de Tucumán, Antonio Domingo Bussi.

El consenso alcanzado entre la Alianza y el Justicialismo (con una tibia resistencia de algunos menemistas) en la comisión permite dar por seguro que el Congreso cerrará las puertas para quien en 1976, se convirtiera en el interventor de la Junta Militar en Tucumán.

Este es el punto más bajo de la carrera política de Bussi, tras la pendiente iniciada cuando se descubrió que escondía una cuenta bancaria en Suiza.

El dictamen da como probado que Bussi «participó activamente» del terrorismo de Estado desplegado por las Fuerzas Armadas entre 1976 y 1983. Como prueba remite al informe de CONADEP, a los antecedentes recopilados por el juez Baltasar Garzón y a la imputación penal del Juez Bagnasco.

El informe contrasta los antecedentes anticonstitucionales de Bussi con el artículo 36 de la Constitución ( incorporado en la última reforma constitucional), que advierte que las personas que atentaren contra el orden constitucional estarán «inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos».

«En la Argentina posterior a la reforma de 1994 ya no es constitucionalmente posible tener por idóneo para el ejercicio de un cargo público de gobierno a quien se haya alzado en armas contra los poderes constitucionales o quienes hubieran participado en actos de masivas violaciones a los derechos humanos», sostiene el dictamen.

Asimismo, advierte que Bussi falseó su declaración jurada como diputado y como gobernador de Tucumán.

El diputado aliancista Courel había afirmado durante la investigación de la Comisión que Bussi hubiera necesitado repetir 26 veces su carrera militar para juntar los fondos para comprar todos los bienes de su propiedad.

La Comisión justificó su autoridad para pedir que impida el ingreso de Bussi al citar el artículo 64 de la Constitución, que establece que cada Cámara es «juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros».

Finalmente, y a pesar de la tibia resistencia de un grupo de legisladores menemistas, la totalidad de los miembros de la comisión, integrado por 9 justicialistas, 15 aliancistas y un diputado del partido Nuevo correntino, firmaron el dictamen.

El dictamen fue realizado sobre la base de alegatos de Bravo, Vitar y Courel.

El presidente de la comisión, el justicialista Jorge Busti, adelantó que el rechazo de Bussi puede ser definitivamente votado por la cámara en la primera sesión posterior a Semana Santa.

Otro general en un laberinto

Antonio Domingo Bussi fue uno de los comandantes del Operativo Independencia que puso en marcha la dictadura militar que gobernó al país entre 1976 y 1983 para combatir a la subversión de signo izquierdista en los montes de la norteña provincia de Tucumán, donde también fue designado gobernador por las autoridades de «facto».

Bussi fue denunciado por la supuesta comisión de delitos de lesa humanidad que aparecieron como denominador común en los operaciones de la represión ilegal de los 70, aunque una combinación de leyes dictadas en la posterior etapa democrática le dejó a salvo de todo proceso penal en su contra.

El ex militar se dedicó entonces a la política y fundó el derechista partido Fuerza Republicana, con el cual inició una carrera que le permitió ocupar una banca en la Cámara de Diputados (1991-1995) y la gobernación de Tucumán (1995-1999), esta vez merced al voto popular.

El año pasado, los tucumanos volvieron a elegirlo como uno de sus representantes en la Cámara de Diputados, pero su diploma fue motivo de múltiples impugnaciones.