Norberto Fano se presentó a la Justicia y pidió no ir a prisión

VIEDMA (AV)- Norberto Fano, uno de los intermediarios en la negociación del Cedepre, se presentó ante la Justicia. El juez Jorge Bustamante, que investiga el presunto negocio irregular de este bono previsional, ordenó la semana pasada la captura de Fano, quien había sido citado dos veces a declarar en calidad de indagado pero no había asistido. Ante estas ausencias ordenó su detención.

El lunes Fano se comunicó telefónicamente con el magistrado para denunciar un nuevo domicilio en la Capital Federal y presentó, a través de un abogado, la eximición de prisión que le fue concedida.

Fano será citado nuevamente a declarar en esta causa posiblemente a principios de 2.001.

El juez se encontraría ahora evaluando la tramitación a iniciar para disponer el secuestro del título que se encuentra depositado en la Caja de Valores en la Capital Federal desde el «97.

La semana pasada Bustamante elevó a juicio la causa del Cedepre sólo en lo que involucra al exsecretario General de la Gobernación, Jorge Acebedo, único procesado en la investigación. Al mismo tiempo, además de ordenar la captura de Fano, inició otra causa paralela que involucra a quienes participaron en la presunta negociación irregular del bono previsional como William Raghu, Etim Etim, Norberto Fano, Néstor Arduin y Tulio Bo.

Además el magistrado no hizo lugar al pedido de Oscar Canil respecto de la imposibilidad de trasladarse a Viedma para declarar y le hizo saber que el Poder Judicial le abonará los gastos y estadía en la provincia. También ordenó la averiguación de paradero de Rodolfo Hermo, mencionado en la causa.

En el pedido de elevación a juicio solicitado en marzo de este año por el entonces fiscal de la causa Ricardo Falca se reclamó que se continuara con la investigación respecto de otros imputados. El fiscal incluyó en este pedido a Tulio Bo, Etim Etim, William Raghu e integrantes de la firma Portfern Limited al interpretar -de acuerdo a las pruebas reunidas- que no podían ignorar el carácter abusivo de la obligación asumida por la provincia de Río Negro con la trasmisión realizada del título. En este sentido Falca consideró que ello denotó un evidente concierto de voluntades dirigidas a defraudar.