Nuevas protestas amenazan con bloqueos en Bolivia





La ciudad boliviana de El Alto (occidente) y la localidad de Camiri (oriente) anunciaron ayer sendas protestas que amenazan con bloquear puntos neurálgicos de Bolivia, como la sede de gobierno y la ruta que conduce hacia Argentina.

La empobrecida localidad de El Alto, que protagonizó en octubre de 2003 una revuelta que desalojó del poder al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, convocó para el miércoles 2 de marzo a un paro cívico indefinido para exigir la salida de la empresa «Aguas del Illimani», filial de la compañía Suez Lyonnaise des Eaux de Francia.

La Federación de Juntas Vecinales (Fejuve), que reúne a unas 85 agremiaciones, también exige la inmediata aprobación de la Ley de Hidrocarburos y la convocatoria a una Asamblea Constituyente, puntos que hacen parte de la «agenda de octubre».

Además del paro, los vecinos anunciaron que masificarán la huelga de hambre y no pagarán las facturas por el servicio de agua y alcantarillado mientras permanezca esta empresa en La Paz y El Alto.

«Habrá un paro cívico indefinido y movilizado (…) Eso significa trancar las carreteras y evitar la circulación de vehículos», dijo Eliodoro Equiapaza, primer vicepresidente de la Fejuve, quien anunció que las acciones de protesta también se desarrollarán en las regiones de Oruro (centro-sur), Tarija (sur) y Cochabamba (centro).

La Fejuve calificó de «no satisfactoria» la propuesta formulada por el gobierno del presidente Carlos Mesa en un intento por evitar una nueva paralización de esta ciudad, la tercera más importante del país, que ya fue escenario de protestas en enero pasado. «Nos han traído una resolución para dar inicio a la terminación de la concesión y una auditoría técnica de Aguas de Illimani, pero los vecinos afirman que (la propuesta) no dice cuándo terminará (ese contrato) y por eso no es satisfactorio», explicó Equiapaza, al diario «La Razón». Por su parte, Camiri -la capital petrolera de Bolivia- convocó para el martes 1 de marzo a una huelga general indefinida, buscando presionar que esa población se convierta en la sede operativa de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). (AFP)


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