Nuevas renuncias en Rentas por la tercerización

Se alejaron otros dos funcionarios del área recaudadora neuquina. Los delegados de ATE piden que la Legislatura frene la contratación.



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Contreras, dirigente de ATE, hizo la denuncia junto a delegados de Rentas.

NEUQUEN (AN).- Sigue la cadena de renuncias en la dirección de Rentas por el contrato que el gobierno de Jorge Sobisch quiere firmar con una consultora para fiscalizar a los grandes contribuyentes.

La semana anterior dejó el cargo la directora de Fiscalizaciones de Rentas, Liliana Rodríguez. En las últimas horas la imitaron el director de Informática, Juan Osiniri, y el jefe del departamento de Fiscalizaciones, Alberto Pérez Dolchi.

La información fue confirmada ayer por dirigentes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y delegados de Rentas, que convocaron a una conferencia de prensa para difundir detalles adicionales a los ya conocidos del contrato que autoridades del gobierno firmarán con la consultora SP SA y Sistema y Gestiones Integrales SA. Mediante ese convenio la empresa tendrá la administración de la base de datos de los contribuyentes y efectuará tareas de fiscalización externa en el sector más importante de los contribuyentes.

Las renuncias presentadas en niveles intermedios están directamente vinculadas a las áreas del contrato.

“Río Negro” intentó obtener declaraciones de Pablo Prenna, titular de la dirección de Rentas, pero la secretaria privada del funcionario dijo, en dos ocasiones, que Prenna se encontraba muy ocupado.

Ernesto Contreras, secretario adjunto de ATE, sostuvo ayer que el gobierno “quiere privatizar” las funciones esenciales del organismo y “entregar información reservada del Estado a un privado”, en alusión al manejo de la base de datos.

Los empleados del organismo se declararon el viernes en estado de asamblea permanente. Quieren que los diputados, que están estudiando en comisión una reforma del Código Fiscal, ponga freno al proyecto.

El contrato con la consultora dice que la empresa cobrará en tres años 7.000.000 de pesos por sus servicios, y el 15% más el IVA de todo lo que logre sumar a la recaudación de impuestos.

El proyecto que generó polémica fue divulgado la semana anterior por los diputados Raúl Radonich, del Frente Grande, y Ariel Kogan, del Partido Justicialista.

Los legisladores dijeron que el contrato pagará un sellado de 12 pesos porque se estableció una cláusula específica que habilita a ese pago reducido. Desde el gobierno dijeron que sólo una parte del contrato, la correspondiente al ingreso variable por la recaudación, pagará esa cifra pero por el resto se abonará la suma correspondiente.


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