Nuevo aval para Patagonia Gráfica



VIEDMA (AV).- El gobierno rionegrino tiene decidido volver a confiar en la empresa Patagonia Gráfica y así evitar una nueva estatización de los impresos públicos, aunque prepara un modelo distinto de contrato al original que se extendió por 10 años en forma exclusiva. La renovación del vínculo es fuertemente resistida por el empresariado privado de esta capital. Fuentes oficiales indicaron a “Río Negro” que las modificaciones en las reglas de juego están vinculadas a dejar de lado la exclusividad de que gozaba la empresa al momento de las contrataciones de trabajo. La intención sería reducir a 24 horas los plazos de respuesta al requerimiento prestacional de una repartición, respecto de si acepta o no un trabajo. Si en ese lapso, contesta que no acepta el encargo, la dependencia oficial quedará liberada para solicitar cotización por fuera del circuito público. El nuevo contrato sería por espacio de tres años con una renovación similar en su vencimiento, a lo que se sumaría un nuevo préstamo de máquinarias y de un edificio del Estado que albergó a la industria gráfica montada por el ex Banco de la Provincia de Río Negro. Patagonia Gráfica inició sus actividades a fines de la década del ‘90 con la indemnización a una veintena de ex empleados del Boletín Oficial en el marco de tercerizaciones de servicios del Estado que impulsó el gobierno provincial. En los últimos años, la comisión que los controla escuchó quejas de las prestaciones, e incluso, el Estado debió contratar un privado para la impresión del Boletín Oficial frente a algunos incumplimientos. Una comisión administradora anterior fue denunciada ante la Justicia Penal por presuntas irregularidades financieras de parte de los propios miembros de la sociedad anónima, y desde junio del año pasado que venció el contrato de 10 años (cinco años, más un convenio por similar cantidad de años), es que los empleados y el gobierno discuten los términos del nuevo modelo. En los últimos días, la Cámara de Comercio de Viedma tomó nota de las preocupaciones que existen en el ámbito privado -constituido por 13 firmas gráficas- y remitió una nota a la secretaria de Legal y Técnica del gobierno provincial, Silvia Jáñez, denunciando que el nuevo período de exclusividad “implicaría una situación de privilegio que, no sólo afecta las reglas de libre competencia entre los talleres gráficos locales, sino que se estaría ante una concesión sin sustento normativo ni legitimidad que la habilite”.


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