Nuevo avance del gobierno sobre las privatizadas

El Gobierno lanzó una nueva ofensiva sobre las empresas privatizadas al enviar al Congreso un proyecto de ley para la regulación de los servicios públicos que, entre otras cosas, busca eliminar cláusulas vigentes en los contratos como la indexación de tarifas e impide el corte del suministro a los sectores de más bajos recursos.

El nuevo Régimen Nacional de Servicios Públicos que se impulsa, prevé también la creación de un fondo solidario que asegure la provisión de los servicios considerados esenciales para los sectores que no lo puedan abonar.

La presentación del nuevo marco que se pretende ampliar a todos los servicios públicos -hoy sólo está regulada por ley la luz y el gas- fue realizada por el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Carlos Zanini.

A pesar de que Zanini aclaró que esta norma regulatoria «tiene como objetivo regir para el futuro y las situaciones heredadas por el gobierno no están regidas en esta ley», el secretario reconoció que este marco «también es una referencia para las negociaciones» de los 62 contratos de servicios públicos que el gobierno llevará a cabo con las empresas hasta fin de año.

Cuando se le consultó si las firmas no podrían aducir cambios de reglas de juego, Zanini respondió: «En el marco general de que nadie tiene derechos irrevocablementes adquiridos en contra de las leyes, está previsto en la ley un sistema de confluencia haci el nuevo régimen».

De Vido, por su parte, destacó que el Gobierno «tiene diálogo permanente con las empresas, pero no necesariamente tiene que buscar consenso para la ley sino abrir el debate con los actores sociales». Una de las modificaciones sustanciales a la actual situación de los contratos que propone el proyecto es la prohibición de que las tarifas se ajusten en forma automática por pautas externas. «El cambio central es que (la tarifa) no va a estar ligada a la inflación de ninguna economía externa, sino que va a tener que tener una relación con los costos internos en la Argentina», destacó Zanini.

El nuevo régimen establece que las tarifas «sólo podrán ser alteradas teniendo en consideración los costos reales incurridos y previstos, las tasas de rentabilidad obtenidas y programadas». También se dispone que podrá haber ajuste «conforme requisitos de mejoras en la eficiencia, motivos estacionales, expansión del servicio, razones extraordinarias e imprevisibles y de neutralidad tributaria».

En el nuevo régimen, elaborado con el aporte de especialistas de Flacso, también se estipula el concepto de servicio solidario para asegurar el acceso universal a los servicios esenciales, comprendiendo el cargo por conexión y la tarifa hasta un nivel de consumo de subsistencia básica.

Se prevé la creación de un Fondo Solidario integrado por un aporte del Estado no superar, para cada factura, al equivalente a la alícuota del IVA; un 2 por ciento aplicable a todas las facturas de servicios y el aporte de la propia empresa, que será del 10 por ciento del beneficio otorgado en factura para el usuario. La decisión de quienes serán beneficiados por este sistema solidario será decidido por el Ministerio de Desarrollo Social. En cuanto a las modificaciones de contratos, el nuevo régimen faculta al Poder Ejecutivo a discutirlo por expansión del servicio no contemplada en el plan de inversiones original que no podrá superar una ampliación del 20 por ciento.