Nuevo frente por la presunta violación del secreto de sumario

BUENOS AIRES.- El Senado aprobó ayer un proyecto de resolución para que se realice una denuncia ante la justicia y se elabore un sumario administrativo por el supuesto delito de la violación del secreto del expediente del caso del presunto pago de soborno.

La moción fue presentada por el justicialista disidente Alberto Rodríguez Saá, quien consideró que «posiblemente se cometió un delito penal en el itinerario que hizo el expediente desde que salió del juzgado hasta que llegó a la comisión de Asuntos Constitucionales» del Senado.

Antes de que el tema fuera tratado en el recinto, la presunta violación del secreto de sumario había mantenido consternado a muchos senadores, no sólo porque se difundieron por algunos medios de prensa fragmentos del expediente sino porque además el volumen con la causa llegó al Senado abierto.

De acuerdo con la explicación de Rodríguez Saá, «se debe esclarecer la comisión del supuesto delito porque afecta el derecho de la defensa», y por eso el cuerpo instruyó al presidente provisional, José Genoud, para denunciar ante la justicia el caso y para redactar un sumario interno.

Según revelaron fuentes parlamentarias, el expediente salió el viernes pasado del juzgado de Carlos Liporaci y llegó al Senado el lunes a las 19.45, presumiblemente a la presidencia provisional y comprobadamente abierto.

Quien lo entregó fue un empleado (algunas fuentes dijeron que era un chofer), pero no un secretario del juzgado como formalmente corresponde, y -siempre según las fuentes consultadas- en el Senado lo recibió un ordenanza.

Las fojas de la causa llegaron el lunes a la noche a la comisión de Asuntos Constitucionales donde fue cerrado, lacrado y guardado con custodia. Sin embargo, las sospechas despertadas por las advertencias de algunos senadores motivó la presencia en el Congreso de tres agentes de la Policía Federal, quienes realizaron un control para evitar la presencia de micrófonos o cámaras ocultas.

El chequeo se efectuó en las dependencias de la comisión de Asuntos Constitucionales y en el Salón de Lectura, el amplio recinto en el que desde las 8 de la mañana hay siete copias del expediente para que los senadores o asesores por ellos aceptados, puedan leerlo.

Para entonces, el clima de confusión en el Senado era total, porque mientras los senadores leían el expediente supuestamente secreto en un ámbito clausurado para cualquier otra persona, en los pasillos se comentaban aspectos de su contenido.

Eso motivó la propuesta de Rodríguez Saá, que fue acompañada por pedidos en el mismo sentido de Héctor Maya y Alberto Tell y aprobado por dos tercios de los presentes.

Llegó abierto

De acuerdo con un comunicado oficial distribuido en la Casa de Gobierno, «El expediente se recibió en el Senado de la Nación el día lunes 4 del corriente a las 15.45, según consta en el sello de notificación del oficio judicial que obra en el Juzgado. El expediente llegó abierto, acompañado de un sobre cerrado».

«El expediente llegó a nombre de Carlos Alberto Alvarez, en su carácter de presidente del Senado, que ese día se encontraba en Casa de Gobierno en ejercicio del Poder Ejecutivo, ante el viaje al exterior del presidente Fernando de la Rúa», se agregó.

«Como la comunicación estaba a nombre personal de Alvarez, la secretaría le remitió los papeles a la Casa de Gobierno. Al notificarse Alvarez del contenido de esta comunicación, envió ese mismo día los expedientes al prosecretario de Coordinación Institucional Víctor Vanini, quien junto con el prosecretario Parlamentario, Alejandro Colombo, y funcionarios de la secretaría parlamentaria, procedieron a ensobrar y lacrar el expediente y ponerlo en una oficina del Senado, bajo custodia policial.

Este acto se realizó el mismo día lunes a las 19.30″, sostiene la aclaración oficial.

(DyN e Infosic)