Nuevo marco legal para el transporte de pasajeros

Transporte público

La creación de oficinas de atención al usuario con obligación de los funcionarios de responder en menos de 20 días a damnificados por baja calidad del servicio de autotransporte se destaca en cambios impulsados a la vetusta ley de Transporte. El texto para discutir en la Legislatura fue presentado ayer por la Defensoría del Pueblo, y tomando en cuenta las múltiples quejas de los pasajeros.

Las correcciones contemplan que la Subsecretaría deberá contar con un mecanismo de informatización para coordinar, agilizar y fiscalizar el cumplimiento del servicio por parte de los prestadores; y a su vez, armar un cuerpo de inspectores acorde a las necesidades de fiscalización. En la actualidad, ese organismo cuenta con apenas seis inspectores en toda la Provincia.

El nuevo marco legal deberá ajustarse a la Ley provincial 2.055 que cubre a personas que portan una discapacidad, es decir traslado gratuito sin más requerimiento que la presentación del correspondiente certificado de discapacidad, y extendiendo la franquicia a un acompañante en caso de necesidad documentada. En la práctica existen trabas por parte de las transportadoras.

En caso de incumplimiento a las disposiciones contenidas en la iniciativa, la Subsecretaría quedará facultada para aplicar las sanciones de apercibimiento, multa, suspensión o revocación del permiso o la concesión, inhabilitación temporal y definitiva, conforme al procedimiento administrativo vigente.

La presentación se originó ante reclamos de usuarios, principalmente de pasajeros de la empresa KO KO del Alto Valle, admitió la defensora Nadina Díaz ante DeViedma. Por acción de ese organismo, en 2014, el juez Juan Pablo Chirinos de Roca dio lugar a un recurso de amparo sugiriendo cambios en la normativa; recordó. Entre 2012 y 2014, los agentes de la Defensoría atendieron 29 reclamos, exclusivamente por baja calidad en ese servicio público.

En este contexto, la defensora hizo uso de las facultades que le confiere el artículo 25 de la Ley N° 2.756 y elaboró un proyecto para actualizar la Ley 651 que fue aprobada en 1971, durante el gobierno de facto del general Roberto Requeijo, sin debate legislativo ni fundamentos basados en los derechos ciudadanos.

Díaz señaló que como se observa diariamente en rutas y caminos de la Provincia, el transporte público “tiene un impacto negativo en la calidad de vida de los distintos sectores de la sociedad, principalmente en aquellos que dependen de este servicio para movilizarse”.

“La propuesta que presentamos surgió del estudio que realizamos con nuestro equipo de asesores técnicos con quienes descubrimos que esta normativa nació durante una dictadura militar, hace más de 40 años, sin que haya tenido modificaciones sustanciales en todo este tiempo”; concluyó.

Por otro lado, dentro del esquema que se pretende modificar, se obligará a los prestadores a transportar en forma gratuita a un empleado policial uniformado, inspectores y funcionarios de la autoridad de aplicación y menores de hasta tres años de edad.

DeViedma