Obama no encuentra la salida
La semana pasada el presidente norteamericano Barack Obama anunció que postergaría la retirada militar definitiva de las tropas estadounidenses de Afganistán hasta después de terminar su mandato porque, señaló, sigue siendo “muy precaria la seguridad” de dicho país. De tal modo, se resignó al fracaso de su propia política basada en la idea de que le sería dado poner fin a la intervención occidental en los asuntos de los países musulmanes. Sucede que, a pesar de todos los miles de millones de dólares que Estados Unidos ha invertido en un intento de mejorar la capacidad operativa de las fuerzas armadas afganas, estas distan de estar en condiciones de derrotar a los talibanes. Aunque la mayoría de los afganos se opone a los yihadistas, para frustración tanto del gobierno como de sus apadrinadores occidentales, los talibanes han logrado capturar esporádicamente ciudades importantes, además de perpetrar atentados sanguinarios que les sirven para intimidar a la población. Para justificar un cambio que claramente no le gusta, Obama aludió a los riesgos para la seguridad de Estados Unidos que plantearía la eventual restauración de un régimen islamista en el país en que Osama bin Laden había establecido su cuartel general de Al Qaeda antes de ordenar los ataques mortíferos del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono en Washington. Una vez más, pues, Estados Unidos se ha visto obligado a cambiar su estrategia frente a un país musulmán convulsionado. No sólo el antecesor de Obama en la Casa Blanca, George W. Bush, sino también, de manera muy dubitativa, Obama mismo confiaban en que cantidades enormes de dólares más ayuda técnica y militar les permitirían fortalecer a los muchos musulmanes que estaban a favor del desarrollo y la democratización. Sin embargo, resultaba que los presuntos demócratas –sinceros u oportunistas, daba igual– sólo constituían una minoría incapaz de afirmarse en el poder. Por lo tanto, sólo quedaba la alternativa tradicional de dejar tales países en manos de dictadores brutales, personajes como el iraquí Saddam Hussein, el libio Muammar Gaddafi, el sirio Bashar al Assad o miembros de la familia real saudita, que por lo menos lograrían mantener un simulacro de paz interna mientras que, si se les ocurriera invadir a sus vecinos y se considerara que convendría frenarlos, sería relativamente fácil enseñarles a respetar las normas internacionales vigentes. Parecería que entre los gobiernos occidentales el no intervencionismo se ha puesto nuevamente de moda, pero, claro está, es incompatible con el respeto por los derechos humanos que se ve reivindicado por sectores muy influyentes en América del Norte y la Unión Europea. Por desgracia, no hay ninguna solución fácil para el dilema así supuesto. Los responsables de la política exterior norteamericana en el “gran Oriente Medio” ya saben lo difícil que es procurar crear versiones de instituciones occidentales en países de tradiciones políticas y culturales radicalmente distintas. Los ejércitos de tales países suelen ser sumamente corruptos, puesto que los mandos aprovechan la oportunidad brindada por la cuantiosa ayuda financiera externa para enriquecerse personalmente, mientras que los soldados privilegian su lealtad hacia su tribu particular, una etnia o una secta religiosa, cambiando de banda según las circunstancias, como sucedió en Irak, donde se descubrió que unidades presuntamente capaces de derrotar a Estado Islámico sólo existían en el papel. Con todo, aunque en Estados Unidos y Europa se ha difundido la convicción de que sería mejor abandonar a su suerte a países considerados ingobernables, los líderes occidentales no pueden permanecer indiferentes frente a las terribles catástrofes humanitarias que están produciéndose. En otros tiempos, antes de la globalización de las comunicaciones, era posible limitarse a lamentar el sufrimiento de pueblos atrapados en medio de guerras civiles, pero en la actualidad muchos se sienten moralmente obligados a tratar de ayudarlos. Y, para más señas, en todos los países avanzados abundan compatriotas de quienes viven en Estados fallidos que, con el apoyo vigoroso de simpatizantes, recuerdan continuamente al gobierno local que la pasividad ante las tragedias ajenas ha dejado de ser una opción aceptable.
